El TSJEx obliga a devolver a su dueño parte del suelo de la fotovoltaica de Usagre

La sentencia, del pasado 31 de mayo, estima parcialmente el recurso presentado por la empresa Natura Mananger, dueña del suelo, contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Badajoz que fijó el justiprecio de esas 525 hectáreas en cerca de 3,4 millones de euros. Posteriormente, la compañía amplió el procedimiento contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que concedió la declaración de utilidad pública al proyecto, lo que permitió iniciar la expropiación.

El fallo declara la nulidad de ambos acuerdos, reconociendo el derecho de la empresa a ser restituida en la propiedad y posesión de las fincas expropiadas. La estimación es parcial porque el TSJEx no accedió a la petición de indemnización por los daños y perjuicios causados durante el tiempo que no pudo disponer del suelo. La sentencia no es firme, pero solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La planta fue promovida por Proyecto Núñez de Balboa, una sociedad que contaba con el respaldo de la empresa pacense Ecoenergías del Guadiana y que en 2018 fue traspasada íntegramente a Iberdrola. La multinacional eléctrica señala que recurrirá el fallo del TSJEx ante el Supremo, por lo que todavía faltan meses para conocer una resolución definitiva.

En cuanto al dueño del terreno, Natura Mananger, es propiedad de Santos Lázaro, un empresario nacido en Usagre pero que emigró de niño a Cataluña, donde tuvo éxito en los negocios. Según explica su abogada, Dorinda Aventín, cuando le presentaron el proyecto firmó un contrato de alquiler a un precio de 600 euros por hectárea durante 25 años. Por 525 hectáreas, suponía un rendimiento de casi 7,9 millones de euros. Pero asegura que su intención era participar como promotor de la planta. Sin embargo, en 2018 tuvo conocimiento de que el proyecto había sido traspasado a Iberdrola, a pesar de que el contrato incluía una cláusula que exigía el consentimiento del propietario del suelo para cualquier cambio.

Asimismo, recalca que el contrato quedaba en suspenso si no se conseguía la licencia de obra antes de que terminara 2018. La planta recibió los permisos a tiempo, por lo que en virtud de esa cláusula se pudieron iniciar los trabajos. Pero el acuerdo económico ya estaba roto. Finalmente, se optó por una expropiación, que fue aprobada en julio de 2020 con un justiprecio por debajo de la mitad de lo que se había acordado como arrendamiento. Aventín señala que el objetivo de la propiedad es recuperar su finca.

El fallo del TSJEx se centra en la validez del contrato, que se firmó inicialmente en 2012 y que había sido renovado en 2016, unos meses antes de que se solicitaran las autorizaciones para la planta y la declaración de utilidad pública.

La sentencia destaca que los promotores podían disponer del suelo para la fotovoltaica gracias a que contaban con ese contrato de arrendamiento, «lo que hacía innecesario, y por tanto injustificado, el ejercicio de la potestad expropiatoria».

El TSJEx recalca que tanto el contrato como la solicitud de declaración de utilidad pública afectaban al mismo suelo. «Carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años», añade.

La sentencia subraya asimismo que la propia promotora, tras recibir en octubre de 2018 la autorización administrativa para la planta, solicitó acceder a los terrenos apelando al contrato de arrendamiento. Al mismo tiempo, pidió a la Delegación del Gobierno en Extremadura que convocara las actas previas para la ocupación del terreno.

Para el TSJEx, la empresa dispuso en todo momento de título hábil para construir la planta sin necesidad de expropiación, «y pese a ello ha llevado a cabo todas las actuaciones que dependían de su voluntad para conseguir que se iniciara el procedimiento expropiatorio, cuando no había razón justificativa alguna para ello».