El TSJEx ratifica el derecho de los docentes interinos a incorporarse el 1 de septiembre

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida que resolvía a favor de la incorporación de los docentes interinos a los centros educativos el 1 de septiembre en el curso 2019/2020, al igual que el resto de maestros y profesores.

De este modo, el sindicato CSIF ha ganado una nueva sentencia -la sexta según destaca en una nota- en la que se vuelve a reconocer el derecho de los docentes interinos que obtengan destino a incorporarse desde el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar y no días después.

El sindicato precisa que las seis sentencias ganadas hasta el momento afectan directamente a más de 3.000 interinos que obtuvieron vacantes en los cursos afectados, por lo que «no es necesaria la extensión de la sentencia por ningún docente».

«Es decir -aclara-, este nuevo fallo del TSJEx afecta a todo el colectivo de interinos en general no a uno en particular».

CSIF, además de este auto, ha ganado ya cinco sentencias más sobre este asunto, de las que tres han sido en primera instancia correspondientes a los cursos 2017/18, 2018/19 y 2019/20 y otras dos que ratifican las anteriores por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de los cursos 2017/18 y 2018/19.

El sindicato afirma que seguirá reclamando, «curso tras curso», que todos los docentes, incluido el personal funcionario interino -con vacante adjudicada-, estén contratados desde el 1 de septiembre conforme a estas seis sentencias ganadas.

Según defiende, es «una cuestión de justicia» que ahora los propios tribunales están haciendo que sea, legislativamente hablando, «justo».

CSIF demandó judicialmente a la Consejería de Educación por ignorar la sentencia ganada por el sindicato, la primera dictada en Extremadura en junio de 2018, al considerar injusta una resolución de la administración que afectaba en cursos pasados a los interinos a los que se les privaba el derecho a incorporarse el 1 de septiembre, lo que repercutía en sus condiciones contractuales y económicas.