La UE recibió en 2022 las respuestas a sus dudas sobre el proyecto regable

El 11 de octubre de 2002, un grupo de técnicos de la Junta viajó a Bruselas. Allí explicó los detalles técnicos e intentó resolver las dudas mostradas por la Comisión sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Dos meses después, el 5 de diciembre, la Administración extremeña mandó un correo con un informe adjunto. Tiene 79 páginas. Ahí viene detallada la respuesta técnica y echando mano de normativa comunitaria, española y extremeña, a las preguntas formuladas por Europea en las que se planteaba su «preocupación» por esta iniciativa agraria.

Europa lleva más de un año sin responder a ese informe que envió el Ejecutivo extremeño, no ya solo para defender la viabilidad y sostenibilidad del riego en Tierra de Barros sino para lograr un aumento de fondos de la UE para el mismo. La Comisión, hay que recordar, no cuestiona la partida aprobada de los 193 recogidos dentro del PDR.

Ese informe, al que ha podido acceder HOY, aborda de forma amplia aspectos relativos al uso de agua y su Directiva Marco, a su disponibilidad, a la situación derivada por el uso de nitratos o la conservación de especies como el cernícalo primilla o el lince ibérico. Incluso la Comisión pregunta por la posible afección que supone una planta fotovoltaica que ocuparía 30 hectáreas y con la que se producirá ahorro y eficiencia energética en este proyecto.

La primera inquietud que traslada la Comisión es sobre el consumo de agua y si va a afectar, entre otros aspectos, al acuífero de Tierra de Barros, sobreexplotado y sobre el que persiste desde hace años la prohibición de abrir nuevos pozos. No solo no le afectará sino le aliviará de la presión a la que está sometida desde hace años por pozos ilegales, se resume en ese sentido.

«Existe recurso anual suficiente» desde los embalses de Alange y Villalba para el riego de Tierra de Barros. Además se garantiza que de ellos seguiría saliendo agua para mantener el caudal ecológico del río Matachel y del Guadiana. La Junta traslada que, aplicando las diferentes normativas, se asegura la protección de especies animales y no afecta a parcelas de valor ambiental.

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