UGT y CCOO temen un ataque a los trabajadores desde el futuro gobierno de coalición PP-Vox

Las representantes extremeñas de UGT y Comisiones Obreras consideran este discurso un ataque a los trabajadores, no a los sindicatos. Por su parte, CSIF no está tan preocupado por esos futuros recortes de dinero público porque considera que no afectarían a su funcionamiento. Además, su presidente en Extremadura, Benito Román, cree que la próxima legislatura podría abrirse una oportunidad para ser incluidos como agentes sociales teniendo en cuenta su representación. En cuanto a la patronal, la Confederación Regional Empresarial Extremeña ve positivo que al fin se vaya a formar gobierno y aseguran que serán leales, pero exigentes, sin entrar a valorar los recortes que tendrán que afrontar como organización.

Para Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT Extremadura, «quieren quitarnos del medio para que no ayudemos a los trabajadores en sus reivindicaciones. A nosotros no nos atacan con las subvenciones, sino a trabajadores, a la negociación colectiva, a la concertación social y al trabajo que hacemos en los convenios colectivos. Es un ataque a la clase trabajadora», decía este sábado.

Además, recordó que «los defendemos (a los trabajadores) porque nos presentamos a unas elecciones y estamos amparados por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Participación Institucional que nos reconoce el papel en esta labor, ya que llegamos a sitios donde la administración no llega».

Con todo, Sánchez recalca que su organización es muy veterana, no vive de las subvenciones y opina que su sindicato atravesará esta legislatura sin mayores problemas pese a los ataques que han empezado a llegar. «Tenemos 135 años y hemos sobrevivido hasta en la clandestinidad», señaló ayer.

Además, sobre los sesenta puntos que han pactado PP y Vox, lamentó que no aparecieran muchos temas sobre los que hay que seguir trabajando. «Echamos de menos que se hable de la mujer, de violencia machista, igualdad, derechos LGTBI o cooperación, por eso hay muchísimas dudas porque además hay puntos preocupantes como el de la bajada de impuestos, ya que para pagar servicios públicos hay que recaudar», recordó la dirigente sindical.

Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarna Chacón, ha lamentado «que la ultraderecha entre a formarte parte del Gobierno regional por lo que significa de involución democrática. No creen en la Constitución y además están poniendo en riesgo los derechos conseguidos», advierte.

Chacón dijo este sábado que confía en que, con la configuración de este nuevo gobierno en la región, se mantengan las herramientas democráticas, avaladas por la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, como el Diálogo Social, «que es esencial para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras extremeños».

Para Chacón, las próximas elecciones generales, el 23 de julio, suponen «la oportunidad para poder tener un gobierno que garantice los derechos y las libertades o, por el contrario, retroceder en años los avances conseguidos».

Ante esta situación, anima a la ciudadanía a votar masivamente en los próximos comicios y optar las opciones progresistas que permitan mantener los derechos y libertades alcanzados estos años.

Benito Román es presidente de CSIF en Extremadura, sindicato al que menos preocupa la reducción «considerable» de subvenciones a los sindicatos que persiguen PP y Vox pues, según dice, solo el 6% de su presupuesto procede de esas ayudas públicas y el resto de su actividad la sufragan con las cuotas de sus afiliados.

«Siempre hemos apostado, independientemente del color político, por un gobierno fuerte y estable –decía este sábado a HOY Benito Román–. Ya pusimos sobre la mesa nuestras propuestas a todos los partidos. Y el tema de las subvenciones no es un tema que nos preocupe para nuestro funcionamiento diario porque CSIF es un sindicato que se mantiene por cuotas de afiliados y resultados electorales, no de las subvenciones. Se puede corroborar en las auditorías externas. Si las eliminasen seguiríamos con nuestra actividad diaria sin problema. Ahora bien, lo que no es normal es cómo se distribuyen esas subvenciones y que más del 98% las reciban solo dos sindicatos y una asociación empresarial (UGT, CCOO y Creex). Por eso, si hay que pronunciarse, nuestra propuesta es que si hay subvenciones públicas que se repartan de la manera más equilibrada posible y ajustada a la representatividad de cada organización sindical».

Una reivindicación recurrente de CSIF es pasar a formar parte de los agentes sociales que negocian con la administración. Por eso recordó que superan ampliamente el 10% que se exige para representar este papel mediador. Habla del 16% de representación general en Extremadura y del 42% en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura (sanidad, educación más administración general de la comunidad autónoma). Además, recuerda que tienen la representación sindical del 51% del Ayuntamiento Cáceres y del 48% en Badajoz, además de representar a las plantillas de algunas de las grandes empresas instaladas en Extremadura, todo lo cual espera que lo tenga en cuenta el futuro gobierno de la Junta de Extremadura. «El gobierno que salga investido queremos que sea un gobierno valiente que adecuase la concertación social según la representación de los trabajadores».

A los nuevos dirigentes, el representante de CSIF le recuerda que hay asuntos pendientes que tendrán que cumplir con los trabajadores públicos. «Se les adeudan 11 meses de subida salarial del 2% de 2020 y todavía hay que blindar la carrera y desarrollo profesional, lo cual no queremos que esté al albur de los políticos. Y si no nos lo dan de oficio seremos exigentes en otros foros», avisó.

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), por su parte, ha valorado como «positivo» que se haya alcanzado un acuerdo entre PP y Vox para romper la incertidumbre que se había generado en Extremadura. «Pedimos a los grupos parlamentarios que se pusieran de acuerdo, porque lo que necesitamos es un Gobierno estable que genere seguridad jurídica y certidumbres, y que cuente con apoyos parlamentarios suficientes», explicó este sábado Javier Peinado, Secretario General de Creex.

Además, añadió que esta organización ni demoniza ni estigmatiza a ninguna opción política, «y puedo asegurar la misma lealtad y colaboración que han tenido todos los gobiernos de distinto signo que ha habido en Extremadura, una lealtad que no está reñida con la exigencia en cuanto a medidas que vayan a favor de los intereses de empresarios y empresarias».

En cuanto a los puntos del acuerdo programático, desde Creex se considera que habrá que esperar a que se concreten en normas y decretos, para ver el alcance de cada medida.

Sí adelanta sin embargo que las medidas de corte fiscal «suenan bien», igual que el impulso al turismo y la industria. Asimismo, valoró las intenciones respecto al medio ambiente, el turismo y el campo y la lucha contra la despoblación. En el ámbito sanitario, Peinado también ve aspectos positivos en el refuerzo de la sanidad pública y lo referido a la natalidad, la conciliación y la vivienda.

Desde esta organización proponen además intensificar la colaboración público privada en la atención sanitaria y sociosanitaria, con el fin de asegurar la atención en tiempo y forma a todos los extremeños. Respecto a las infraestructuras, Creex coincide en la exigencia de resolver el déficit histórico que lastra el desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, se valora que se examine, siempre que sea con criterios objetivos de eficiencia, el gasto público, para evitar gastos ineficientes.

Ahora, la intención de CREEX es reunirse, tan pronto sea posible, con la presidenta de la Junta, con el fin de profundizar en el documento '40-10. Líneas de trabajo para impulsar las oportunidades empresariales de Extremadura', enviado a todos los partidos durante la campaña.