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PSOE y Unidas por Extremadura llevan al Parlamento regional sendas propuestas de ley en materia de vivienda, en las que coinciden en solicitar la declaración ... de zonas tensionadas de alquiler en la región.
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, explicó que con su iniciativa los socialistas pretenden ofrecer una alternativa «seria y responsable frente a la falta de acción en materia de vivienda del actual Gobierno autonómico».
Para el PSOE, las rebajas fiscales aprobadas por PP y Vox y el anuncio de construcción de 3.000 viviendas protegidas «no son soluciones reales ni efectivas para garantizar el derecho a la vivienda», debido a que «favorecen a quienes ya pueden acceder al mercado inmobiliario, entregando la vivienda al mercado».
Por ese motivo, la propuesta de ley socialista incluye medidas para consolidar un parque público inmobiliario estable y accesible, estableciendo que las viviendas protegidas de Extremadura mantengan siempre su carácter social, evitando que puedan ser objeto de especulación.
Además, contempla habilitar suelo dotacional público para la construcción de vivienda protegida y promover la rehabilitación y revitalización de los cascos urbanos, especialmente en las zonas rurales, como herramienta clave en la lucha contra la despoblación.
Del mismo modo, la iniciativa plantea realizar estudios rigurosos para determinar si existen zonas de mercado residencial tensionado en la región y actuar en consecuencia. También propone recuperar el impuesto a las viviendas vacías de grandes tenedores que fue anulado por el Gobierno regional de PP y Vox.
La propuesta de ley del PSOE también pide garantizar la accesibilidad universal en todas las viviendas protegidas.
Por su parte, Unidas por Extremadura registró ayer su propuesta de ley para regular los precios de la vivienda en la región. La portavoz del grupo, Irene de Miguel, explicó que su objetivo es «afrontar la emergencia habitacional» que está sufriendo la comunidad.
«Los datos nos hielan la sangre», expuso Irene de Miguel, quien detalló que los precios han aumentado más de un 16% en un año y que en ciudades como Cáceres han crecido un 22%, pese a que «seguimos teniendo las rentas más bajas del país». Como apuntó, esto impide que muchos jóvenes puedan emanciparse.
La propuesta de ley de Unidas por Extremadura plantea modificar la ley de vivienda regional para que se puedan declarar zonas tensionadas aquellos municipios donde los precios se han disparado en los últimos años.
«Lo que planteamos es que se haga un estudio detallado de las zonas tensionadas y que, junto con los ayuntamientos, se puedan poner en marcha planos que permitan regular el precio de las viviendas», añadió.
Para Irene de Miguel, el Gobierno regional se limita a «perdonar los impuestos a los que viven de las rentas de los mileuristas».
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