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Además de un follón, el caso Valdecañas es uno de los más largos que dirime la justicia en Extremadura y no se atisba su final. Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha acordado suspender cautelarmente el derribo del complejo residencial y de ocio ordenado por el Tribunal Supremo (TS) en febrero del año pasado. Y esa decisión supone postergar la resolución de un procedimiento que comenzó hace 16 años, cuando dos asociaciones ecologistas denunciaron las obras que se estaban realizando en una zona protegida junto al embalse de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, a dos horas de Madrid, una ubicación seductora para economías holgadas de la capital, por su cercanía, lujo y discreción. Desde entonces hasta hoy, ha habido un ramillete de sentencias y recursos sobre el asunto clave, que es si hay que derribar o no el resort, pero también sobre otros paralelos que tejen un ovillo que parece interminable. Esa decisión del Alto Tribunal del pasado martes no aclara el futuro del complejo, pero sí permite constatar algo en lo que coinciden varias fuentes del ámbito judicial: en el caso Valdecañas, hay todavía mucha tela que cortar.
«No creo que el Supremo resuelva antes de un año», vaticina un jurista conocedor de los entresijos de la causa que iniciaron en el año 2007 Ecologistas en Acción-CODA y Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y el Patrimonio de Extremadura). Su presagio tiene un base fundamental: antes de decir si la piqueta tiene que entrar en Marina Isla Valdecañas, los magistrados deben responder a otras preguntas. Así han decidido ellos que sea, aunque con división de opiniones: seis votos a cinco.
Ahora han preferido conceder la suspensión cautelar, porque si no lo hacen, la ejecución de sentencia seguiría su curso y el espacio sería demolido íntegramente. ¿Y si después de que eso ocurra resulta que es atendido alguno de los tres recursos que persiguen evitar el derribo? ¿Qué se haría entonces? Podría ordenarse volver a construir lo que se echó abajo, pero eso tendría un coste disparado. Así las cosas, mejor esperar.
A grandes rasgos esto es lo que sostiene el Constitucional, que tiene sobre la mesa tres recursos: uno presentado por la Junta de Extremadura, otro de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo –cuya defensa jurídica ejerce un abogado al que paga la Diputación Provincial de Cáceres– y un tercero formalizado por tres asociaciones de propietarios del complejo.
Los recursos de amparo (los que se presentan ante el Tribunal Constitucional) deben fundamentarse en la vulneración de un derecho fundamental, y el que alegan los tres recurrentes es el de la tutela judicial efectiva, basado en cuestiones jurídicas complejas relacionadas con el modo de resolver recursos anteriores y el hipotético daño medioambiental que generaría tirarlo todo. Una vez que resuelva esos tres recursos de amparo, el TC abordará el asunto clave de qué hay que hacer con Isla Valdecañas. Pero incluso cuando haya hecho esto último, el procedimiento tampoco habrá concluido.
Porque decida el Supremo lo que decida, quedarán aún dos vías a las que recurrir. Una de ellas es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Junta ya dejó claro el año pasado que agotará todas las posibilidades para intentar evitar el derribo, incluidas las internacionales. En consecuencia, si la resolución del TC no le satisface, irá a Estrasburgo. Y lo mismo puede hacer Ecologistas en Acción si lo estima oportuno. Ahora bien, hay coincidencia entre los juristas en que son escasas las posibilidades de que ese tribunal comunitario cambie el dictamen de la justicia española, sea este el que sea.
Y luego está la segunda vía: la ley autonómica que legaliza 55 ZEPA y regulariza el resort de Valdecañas, aprobada por la Asamblea de Extremadura el pasado marzo gracias a la mayoría absoluta del PSOE, porque los demás partidos (PP, Ciudadanos y Unidas Podemos) votaron en contra y coincidieron en calificarla como «una chapuza jurídica».
Bajo el argumento de que esas 55 zonas de especial protección de aves en realidad no existían porque no habían sido declaradas de forma expresa sino únicamente comunicadas en su día a la UE –suficiente porque entonces no se exigía más, según los ecologistas–, el Gobierno regional aprobó esa ley para legalizarlas y de paso, regularizar el resort.
Según el presidente en funciones de la Junta, esa norma es el salvavidas del proyecto. «Administrativa y jurídicamente, el problema está de facto resuelto con la ley aprobada», declaró Guillermo Fernández Vara el pasado marzo. O sea: da lo mismo lo que digan los tribunales, porque la ley de las 55 ZEPA prevalecerá y el resort seguirá en pie porque es legal.
Si el Constitucional resuelve que el fallo del Supremo ha de cumplirse, es decir, que hay que echar abajo el complejo entero, es previsible que la Junta, que es quien debe ejecutar la sentencia, presente ante el TSJ extremeño un recurso alegando que no puede tramitar el derribo porque eso implicaría ir contra esa norma autonómica, que no deja de ser legalidad vigente. Previsiblemente, ese sería su argumento principal. Y ese recurso abriría un nuevo frente judicial en el caso, porque a lo que resolviera esa instancia podrían seguirle recursos ante otras instancias. Y cada uno de esos pasos llevaría su tiempo.
De hecho, la administración regional sigue adelante con su plan de demolición y revegetación, porque está obligada a ello. Ese plan incluye un cronograma que la Junta se toma con tranquilidad y que se ciñe al área del complejo que se quedó a medio construir. Está asumido que ninguna excavadora echará abajo una loseta de la zona en uso mientras la maraña judicial no se haya deshecho y los contrarios al derribo tengan claro que no hay posibilidad de evitar la demolición.
Lo que en principio no afectaría al futuro del resort es la querella que Ecologistas en Acción presentó en los juzgados de Mérida –y no ante el TSJEx como su delegado en la región afirmó que habían hecho– contra los 34 diputados que votaron a favor de la ley de las 55 ZEPA que pretende regularizar Marina Isla Valdecañas. Ese es otro frente paralelo, otro más de esta causa que tiene ya 16 años y quién sabe cuánto más llegará a cumplir.
«La decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la demolición de Marina Isla Valdecañas es de sentido común». Es la valoración de Luis Díaz-Ambrona, uno de los tres abogados de las tres asociaciones de propietarios de viviendas en el complejo residencial y de ocio ubicado en El Gordo y Berrocalejo. «Una vez que admitió los tres recursos de amparo -amplía el letrado-, es lógico que acuerde la suspensión cautelar que se solicitaba en ellos». Su opinión es la contraria a la de Ecologistas en Acción , que entiende que con el acuerdo alcanzado en su Pleno del pasado martes, el Alto Tribunal «se posiciona contra el medioambiente, la ética y el sentido común».
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Jon Garay y Gonzalo de las Heras
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