Vegaviana no quiere protección cultural

Antonio J. Armero

Cáceres

Sábado, 22 de diciembre 2018, 07:54 | Actualizado 09:50h.

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No hay en España experto en la materia que le discuta a Vegaviana un sitio en el podio de los mejores pueblos de colonización, invento franquista que llenó el país de municipios a estrenar, la mayoría con un aspecto parecido pero cada uno con su matiz distintivo. 296 se levantaron en España, 63 de ellos en Extremadura (42 en Badajoz y 21 en Cáceres). De todos ellos, Vegaviana, que luce en su currículum varios premios de arquitectura y patrimonio, iba camino de diferenciarse por ser el primero en lograr la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural). Pero ese título del que se empezó a hablar al poco de iniciarse el siglo y que sigue generando noticias hoy, ha acabado por quedarse en nada. El BIC de Vegaviana es un BIC 'interruptus' y un BIC 'non nato'. Las dos cosas a la vez. Han convivido con él, pese a que ha muerto dos veces antes de nacer.

Según la asociación ecologista Adenex, la culpa es de la Junta, que ha dejado caducar el expediente en dos ocasiones, la primera en el año 2014 y la segunda el pasado octubre. Según la aludida, eso ha ocurrido no por ineficacia, ineptitud o vagancia, sino para respetar la opinión de los vecinos, que le enviaron «más de cuatrocientas alegaciones» que hablaban de la poca ilusión que les hace ese premio, porque creen que tiene trampa. Y el alcalde, claro, está de parte de sus gobernados. Juan Caro, del PSOE, 59 años, capataz en la comunidad de regantes, nacido casi a la vez que el pueblo, hijo de uno de los primeros colonos, viene a decir que el BIC es un caramelo envenenado. Porque viene acompañado de una ley que según su versión, convierte una reforma en la casa en un viacrucis.

Las persianas de su despacho son de tiras de plástico marrón que se pliegan al tirar de una cuerda. Están exentas de todo glamour, pero son la quintaesencia de la domótica si se las compara con las de lamas verdes de madera que tiene la casa en venta que hay en una de las plazas del pueblo. El alcalde hace recuento de toda esa hilera de viviendas y afirma: «Hay nueve casas y está ocupada una». Y lanza su reflexión: «Estamos todo el día hablando de lo grave que es el problema de la despoblación y hay quien quieren aprobar una normativa que haría que quien comprara esa casa en venta, tuviera que mantener esas persianas de hace sesenta años; o que si quisiera cambiar el techo, tuviera que poner sí o sí un tipo concreto de teja, la árabe, que es un modelo de toda la vida que ya no pone nadie». Y remata: «Yo invito a los que defienden la declaración a que se vengan aquí, pero no a tirar la foto e irse, sino a que se queden a vivir».

«No nos pueden obligar a vivir en casas de los años cincuenta»

Juan Caro | Alcalde

«Con tanta pega para hacer obra en casa, el casco viejo se va a vaciar»

Ascensión Pombo | Vecina

De los 849 empadronados en el pueblo, él asegura que 848 están en contra de esa figura de protección urbanística. Probablemente, la cifra es exagerada, porque en el municipio también hay quien desconoce el asunto. Se pregunta a dos vecinos elegidos al azar, dos hombres en edad de estar ya acariciando la jubilación, y aseguran no saber qué son esas siglas idénticas a la marca de bolígrafos más famosa. La tercera a la que se aborda cuando camina por la acera se llama María Ascensión Pombo y sí conoce el asunto. «Si te gastas el dinero en comprarte una casa o en reformarla, quieres que tenga sus comodidades, y la normativa de Bien de Interés Cultural te pone mil pegas, por eso aquí nadie quiere esa declaración». Ella vive en la parte moderna del pueblo, donde están las casas construidas más recientemente, y vaticina que «a este paso, el casco antiguo se va a vaciar».

Ese casco antiguo es la gracia del pueblo, que se construyó entre 1954 y 1959 y que constituye un ejemplo de integración con la naturaleza. Sus plazas y calles conviven con la dehesa de una forma exquisita. Puedes aparcar el coche bajo una encina o ir caminando por la acera y pisar una bellota. El mérito arquitectónico es de José Luis Fernández del Amo (1914-1995), quien lo concibió y diseñó, convirtiéndolo en un ejemplo único. Pizarra, cal y arena fueron los elementos principales utilizados para levantar 340 casas de distinta tipología. «Es evidente que merece estar protegido», concluye la Asociación para la Defensa de la Naturaleza en Extremadura, que opina que la Consejería de Cultura ha caído «en un escandaloso incumplimiento de funciones».

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Basa su acusación en textos oficiales publicados en el DOE. Una resolución informaba en junio de 2009 de la apertura del proceso para que el poblado cacereño fuera BIC, pero otro de junio de 2011 daba cuenta del archivo de ese expediente por haber caducado y por haberlo pedido el alcalde una vez cumplido el plazo máximo sin que hubiera pronunciamiento. Cinco años después, los hechos se repitieron. En octubre de 2014, la Junta incoa expediente, en el que ensalza las bondades de Vegaviana, tal como había hecho un lustro antes, aunque con la novedad de que ahora incluía sus escuelas-capilla, ubicadas también en suelo municipal de Cilleros y Moraleja. Y en octubre de 2018, publica en el DOE el archivo, tras haber caducado. Esta vez, no porque lo haya pedido el alcalde, sino porque así lo ha determinado la Consejería, acogiéndose a lo que le permite la norma.

Argumentos legales al margen, la administración autonómica argumenta por qué decide no seguir adelante con la propuesta. «La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural -explica la Junta- ha recibido más de cuatrocientas alegaciones por parte de los vecinos y vecinas de la localidad para que no prosperase el expediente». «Ante la oposición vecinal -continúa-, se ha optado por no continuar con su tramitación».

Pero presentar una alegación no es ir a comprar el pan. Hay que dar un motivo, proporcionar datos personales, firmarla... «Hubo un chorreo de gente que venía al Ayuntamiento a decir que no querían que el pueblo fuera declarado Bien de Interés Cultural -afirma el alcalde-, así que el técnico municipal preparó varios modelos con distintos motivos de alegación, de modo que el vecino que quería presentar una, elegía el texto con el que estaba más de acuerdo, ponía sus datos personales, lo firmaba y nosotros nos encargamos de enviarlo a la Junta».

Es decir, la presentación de alegaciones se canalizó a través del Consistorio. Juan Caro explica por qué el municipio no quería el título. «La normativa -expone- marca que desde que se abre el expediente, en el pueblo se empieza a funcionar como si ya se hubiera aprobado la declaración. Eso significa que las licencias de obras, los permisos para reformas y demás, tienen que pasar por Patrimonio de la Junta, que impone muchísimas restricciones al más mínimo cambio que quieras hacer en la casa, algo que muchos vecinos sufrieron en primera persona». «No es lo mismo declarar BIC un puente o una iglesia que un pueblo, porque esto último implica que lo que está protegido es el casco urbano entero, incluidas todas las viviendas».

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Pero hay discrepancias entre lo que comenta el alcalde y lo que expone Adenex. «La declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de conjunto histórico -sitúa la asociación conservacionista- supondría, según la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la obligación para el ayuntamiento de elaborar un plan especial de protección, en el que podrían fijarse los criterios básicos de conservación y gestión, y que concedería autonomía al municipio para la concesión de licencias».

En el panorama actual, «la Consejería debería iniciar y concluir un nuevo expediente», propone Adenex. Sin embargo, la normativa especifica que una vez archivado, han de pasar tres años para reabrirlo, «salvo que lo instase el titular del bien y fuese informado favorablemente por tres de las instituciones consultivas previstas en el artículo cuatro».

De atender la sugerencia de la asociación conservacionista, sería el tercer intento. Y aunque con todas las prevenciones que los antecedentes aconsejan, es previsible que antes haya otras novedades. «Próximamente -anuncia la Junta de Extremadura- se aprobará el PGM de la localidad, que incorporará nuevas medidas de protección de carácter patrimonial que se han consensuado entre las direcciones generales de Patrimonio y Urbanismo».

Si eso sucede, se habrá cumplido una de las reivindicaciones de Juan Caro, que ve en ese PGM «el arma para proteger a nuestro pueblo». «Porque una cosa -recalca- debe quedar clara: nadie quiere más a Vegaviana que los que vivimos en Vegaviana. De hecho, si el pueblo se mantiene como se mantiene es gracias a los que vivimos en él y no a ninguna asociación». Y añade: «No nos pueden obligar a vivir como en los años cincuenta. Esas casas se construyeron pensando en las gallinas, en las pacas de paja, en los cochinos que tenía la gente... Y aquí ya no tenemos nada de eso. Aquí la gente quiere hacerse una piscina donde ahora hay cochiqueras, y eso, siendo BIC, es imposible. Y además, en Vegaviana no pasa como en Cataluña, donde la mitad del pueblo quiere una cosa y la otra mitad la otra. Aquí, todos queremos lo mismo». Bueno, todos no. Según al alcalde, todos menos una vecina.