Los veterinarios protestan por la norma que limita el uso de antibióticos en pequeños animales

«Anula nuestra capacidad de juicio clínico, pone en riesgo la vida del animal y aumenta tanto los gastos a los que tiene que hacer frente el propietario del animal como la carga laboral de las clínicas, al incrementar la burocracia por el sistema de notificación de uso de medicamentos al Ministerio». Así lo resume Tomás Bravo, veterinario de la Clínica Acquazoo, en Don Benito y Villanueva de la Serena, una de las que este martes bajó la persiana durante una hora en señal de protesta.

Hicieron lo mismo otras en diferentes localidades extremeñas, para hacer visible su malestar por una normativa que en su preámbulo asegura estar «orientada a garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios a lo largo de la cadena de distribución, teniendo como principal objetivo la lucha contra las resistencias antimicrobianas y la reducción de la necesidad de uso de los medicamentos antimicrobianos». El objetivo, añade, es «la reducción de las ventas de antimicrobianos en un 50 % en el año 2030».

Para alcanzar ese fin, la nueva norma restringe la dispensación de antibióticos. Y lo hace especificando cuáles han de emplearse según la patología, lo que en la práctica, explica Bravo, «nos obliga a utilizar medicamentos que sabemos por experiencia y conocimientos que no van a solucionar el problema del animal, lo que además supone anular nuestro juicio clínico, basado en esa experiencia y esos conocimientos adquiridos, y también en la evidencia científica».

A título ilustrativo, el veterinario extremeño pone el ejemplo de un perro que llegue a la clínica con síntomas de cistitis (infección de la orina). «Tendremos que darle sí o sí el antibiótico de primera opción o grupo D-explica-, y además podremos darle solo medicación para dos días, y tendremos que comunicar al PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) que hemos recetado esa medicación, junto a todos los datos del animal. Si el tratamiento debe durar una semana en vez de dos días, el dueño del animal irá con la receta a por más pastillas, con lo que cual ya tendrá en casa la medicación que el nuevo decreto quiere evitar que los dueños de pequeños animales tengan en casa. Si ese antibiótico de primera opción no funciona, habrá que hacerle pruebas (cultivo, biopsia, antibiograma, depende del caso) y esperar entre siete y diez días a que lleguen los resultados antes de poder usar el antibiótico de segunda opción (grupo C). Y si tampoco funciona, otra vez el mismo proceso para poder usar el antibiótico de tercera opción (hay hasta cuatro grupos, D, C, B y A)». «Esto -concluye Tomás Bravo- supone un riesgo para la salud del animal, porque se pierde la oportunidad de actuar de la mejor manera desde el primer momento, y aumenta los costes económicos para el dueño del animal, por las pruebas que deberá pagar».

«Las protestas están más que justificadas», entiende José Marín Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. «El decreto -amplía- incluye sanciones desproporcionadas (de 60.000 euros a un millón), aumenta la burocracia y vuelve a poner de manifiesto el desconocimiento sobre el ejercicio de la profesión veterinaria, porque lo que el Ministerio (de Agricultura, Pesca y Alimentación) pretende con los pequeños animales no tiene nada que ver con la realidad, no podemos equiparar lo que necesita un animal de 30 gramos o de tres kilos con lo que requiere uno de 500, y los veterinarios tratamos tanto a unos como a otros». «La medicina veterinaria -continúa- ha evolucionado a la par que la humana, y sin embargo, nos quieren hacer pasar una serie de controles a partir de unas fichas de medicamentos que contienen información desactualizada, que no recoge los avances a los que me refiero».

El nuevo decreto, estima Sánchez, «no permite a las clínicas desarrollar su trabajo como saben hacerlo, entre otros motivos porque obliga a usar antibióticos que no siempre son los más adecuados para la patología a tratar». «La imposibilidad de usar antibióticos de amplio espectro puede tener consecuencias muy negativas para la salud de los animales en el caso de patologías serias», expone el presidente de los veterinarios pacenses, que explica que este viernes se reunirán en Madrid representantes de todos los colegios veterinarios con miembros de la Organización Colegial Veterinaria.

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres apunta que siempre ha defendido que «el medicamento más seguro es el prescrito por un veterinario, dispensado bajo la supervisión de un farmacéutico y aplicado directamente por un veterinario». «Tenemos que apoyar todo lo que mejore el ejercicio clínico profesional», deja claro Juan Antonio Vicente, que defiende que el veterinario «pueda ceder el tratamiento completo que necesita el animal». «Somos perfectamente consciente -reflexiona- de que es necesaria nuestra colaboración para luchar contra las resistencias microbianas, pero obviamente, nos tienen que dar el margen suficiente para desarrollar equipos y metodologías que nos permitan cumplir con lo que se nos encomienda». Él también opina que las fichas de medicamentos están «desfasadas», y reclama «que se forme una comisión integrada por veterinarios competentes en la materia y que se negocie con los ministerios de Agricultura y de Sanidad».