La vida útil de los vehículos de la policía se medirá en kilómetros y no en años

La matización que se incluye para poder seguir utilizando estos vehículos de patrulla hasta esos 300.000 kilómetros citados es que se podrá hacer siempre y cuando estos vehículos «superen las preceptivas Inspecciones Técnicas conforme a la normativa vigente en cada momento».

Actualmente, la vida útil de los vehículos se estipulaba en función de un límite temporal de ocho años, según ha recordado en nota de prensa la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), que también señala que la mayoría de los vehículos cuando llegan al límite temporal de su vida útil están «en perfectas condiciones para continuar prestando servicio». Los consistorios en cumplimiento de la normativa vigente, sin embargo, deben retirarlos del servicio.

Hay que recordar que la norma de 2008 exigía la renovación de los coches a los seis años o 300.000 kilómetros. Pero en 2014, en plena crisis económica, ante las dificultades de los ayuntamientos para cumplir con ese requisito se decidió elevar el tope a ocho años o 350.000 kilómetros. De esa forma, en 2019 se regresaba en parte a la norma anterior, endureciendo las condiciones de kilometraje y manteniendo el límite temporal de uso. Además, se dio un plazo de cuatro años para adaptar las flotas, un periodo que concluyó en mayo del pasado año.

Entre medias, la Junta aprobó en 2021 que el límite de ocho años se podía prorrogar hasta doce meses más en caso de que los coches no pasaran de 300.000 kilómetros, que superen una ITV voluntaria y que se acredite la insuficiencia financiera del municipio en cuestión. Pero esa excepción sólo estuvo en funcionamiento tres años y expiró el pasado mes de febrero.

La Comisión de Garantías de Autonomía Local es un órgano amparado por la Ley 3/2019 de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura que está integrado por representantes de los ayuntamientos de la región, de las diputaciones de Cáceres y Badajoz y del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de ambas provincias. Además, en la misma pueden participar como invitados representantes del gobierno regional por si fuese requerida alguna explicación.

El citado órgano evalúa si afectan o no a la autonomía municipal los diferentes decretos que elabora la Junta de Extremadura. A la misma llegan con informes técnicos favorables, como ha ocurrido este miércoles, o desfavorables.