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Vox volvió a tensar este jueves la cuerda que le une con el PP y en especial la que sostiene a los gobiernos autonómicos de Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, por su posición con el trato a los migrantes. Desde Madrid, ... el partido de Santiago Abascal dijo que «no descarta» llevar a cabo la ruptura de los ejecutivos autonómicos donde el PP necesita de su apoyo, como es el caso del de María Guardiola en la región extremeña, si estas comunidades con presidentes populares aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para facilitar la llegada de menores migrantes no acompañados, cuyo reparto contempla el gobierno de Pedro Sánchez.
Se trata de una cuestión que los de Santiago Abascal describen como «crítica», según recoge Europa Press. Y en consecuencia, fuentes de la dirección del partido subrayaron este jueves que en estos momentos «valoran» todas las opciones en caso de que las comunidades autónomas en las que comparten ejecutivos con el PP acepte esta distribución.
Hay que recordar que el Gobierno quiere llevar al Congreso la reforma de la norma en julio, bien a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser convalidado por la Cámara. Para ese propósito, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han mantenido reuniones esta semana con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa.
Sin embargo, fuentes de Vox recuerdan la brecha que la acogida de 13 menores abrió en el ejecutivo de Aragón. De hecho, los de Abascal pidieron al PP una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. El pacto extremeño también contempla una comisión de seguimiento encargada de analizar las fricciones que puedan surgir entre los dos socios, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ya hizo el miércoles alusión a la posibilidad de convocar reuniones de dichas mesas si el reparto de menores recibe luz verde.
A su juicio, el ejecutivo central va a «seguir extendiendo el problema» de la migración y señaló que la propuesta para el reparto de menores es un «parche».
En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso, Rodríguez de Millán ha insistido en el carácter «crítico» que para su formación tiene el asunto de la inmigración, pero pidió esperar para ver qué decía el PP en aquellas regiones en las que se pretende encomendar esa cuota de menores.
De momento, desde el PP de Extremadura se han hecho oído sordos a esta amenaza de ruptura del gobierno a cuenta de la política de migración.
En este sentido, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social y secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, afirmó este jueves, al ser preguntado por este nuevo enfrentamiento, que el ejecutivo regional actuará con «absoluto compromiso» en la atención a los menores migrantes y cumplirá la legislación vigente.
«Aquí con lo que hay que estar de acuerdo es con el cumplimiento de la legislación vigente», subrayó Bautista, para añadir que «cualquier partido democrático sabe que lo primero es cumplir la ley», y si quiere cambiar algo, por tanto, «hay que pasar» por una modificación de la misma, según recoge Europa Press.
En este punto, el dirigente del PP ha remarcado que «la ley dice lo que dice y la Junta de Extremadura siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos», porque ante un caso como este de menores, ha dicho, existe «absoluto compromiso, absoluta sensibilidad». «No es una cuestión de sentimientos, de opiniones», sino que se trata de una «cuestión de responsabilidad absoluta, así que quiero dejarlo muy claro: vamos a cumplir en todo momento la legislación vigente», ha insistido al ser preguntado por si teme que un acuerdo con el Gobierno central en este sentido ponga en riesgo el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox en Extremadura.
Por el contrario, Abel Bautista indicó que dicho acuerdo es «positivo» en el sentido de que las administraciones autonómicas tendrán «más información» a la hora de afrontar unas «responsabilidades» que no pueden obviar «en ningún momento».
En este punto, el consejero de Presidencia sí ha lamentado la soledad con la que hasta ahora ha venido afrontando la Junta la atención a los migrantes menores de edad. «A Extremadura han llegado personas que se nos decían que eran adultos, pero una vez que estaban aquí eran menores, de tal forma que la comunidad autónoma los tutela y tiene que desplegar todas sus competencias con su financiación sin ninguna ayuda del Gobierno de España».
Por su parte, desde Vox Extremadura se mantuvo silencio sobre si comparten la postura de romper incluso el gobierno de la Junta, en el que cuenta con un miembro en el área de Gestión Forestal y Mundo Rural, si llegan menores migrantes.
En el reciente debate del estado de la región su portavoz, Ángel Pelayo Gordillo, expresó su lealtad al gobierno de María Guardiola, pese a otras discrepancias evidentes como la financiación del regadío de Tierra de Barros. Pero hay que reseñar que la política frente a la migración sí es uno de los aspectos en los que ambos partidos han discrepado y que mantuvo en el aire un posible gobierno de coalición, que finalmente se materializó.
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