La Justicia frena otra vez el plan de Meloni para internar a los migrantes en Albania

Los jueces consideran que hasta que se pronuncie sobre el caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tienen que ser acogidas en Italia estas personas, provenientes de Bangladesh y Egipto. Para el viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, la decisión de los magistrados supone «otra sentencia política contra los italianos», mientras que su colega Antonio Tajani, titular de la cartera de Asuntos Exteriores y máximo responsable del partido Forza Italia, consideró por su parte que algunos togados «quieren imponer la línea política al Gobierno».

La suspensión del internamiento en Albania de los siete migrantes supone una repetición del guión de hace tres semanas, cuando el Ejecutivo de Roma llevó al primer grupo de doce personas a los campamentos del país balcánico, pero dos días después los magistrados ordenaron que fueran trasladadas a Italia para no incumplir la legislación europea. El Gabinete de Meloni respondió entonces con la aprobación de urgencia de un decreto que trataba de blindar el funcionamiento de los controvertidos centros de Albania, aunque no ha conseguido su objetivo. El protocolo firmado hace un año por la primera ministra y su homólogo albanés, Edi Rama, prevé que en estas instalaciones sólo puedan ser internados a la espera de que se concrete su repatriación los inmigrantes mayores de edad, varones, que no estén en situación de vulnerabilidad y procedan de países seguros. Con el decreto aprobado el 21 de octubre, el Ejecutivo elevó a rango de ley la clasificación que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las naciones consideradas seguras a las que se pueden realizar las expulsiones, esperando que se pudieran superar así las trabas planteadas por la magistratura.

La nueva decisión de los jueces del tribunal de Roma, no obstante, supera el decreto del Gobierno al recordar que es «el derecho de la Unión Europea» el que establece «los criterios para designar un Estado como país seguro» al que se puede repatriar a una persona. También recuerdan los magistrados de la sección migratoria del tribunal de Roma que la legislación europea «prevalece sobre la nacional» en caso de que entren en conflicto.

El TJUE ya publicó una sentencia el 4 de octubre en la que afirmaba que una persona sólo puede ser repatriada a un país que sea seguro en todo su territorio y para todos sus habitantes. No cumplirían estas características algunas de las naciones incluidas por el Gobierno de Meloni en su lista de países seguros, como Bangladesh, Egipto o Túnez.

Según el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, la sentencia del TJUE «no ha sido entendida» por los magistrados de su país, que han pedido a la Corte europea que se pronuncie nuevamente sobre esta cuestión para aclarar si supone algún cambio el citado decreto aprobado por el Gobierno.

Más allá de las cuestiones legales, desde el punto de vista político la apertura de los dos centros de internamiento en Albania ha supuesto un sonoro fracaso para Meloni. Un mes después de que echara a andar este polémico proyecto -que ha costado más de 800 millones de euros- sólo han podido ser internados diecinueve inmigrantes en total y únicamente durante dos días, ya que la justicia ordenó que fueran trasladados a Italia.