La represión convertida en extorsión

Cien billetes de cien dólares en un sobre tamaño carta entregados en una cafetería. Fue el precio que pagó un padre por liberar a su hijo apresado durante las protestas sucedidas al día siguiente de las elecciones venezolanas. El joven fue emboscado por la policía del régimen de Nicolás Maduro en una manifestación, el 29 de julio. Sujetado, golpeado, subido a una moto entre dos agentes y trasladado a un centro de detención. El día 30 hacía el pago y ocho horas después el chico volvía a la calle. Según testimonios recabados por este periódico, todos totalmente anónimos por motivos de seguridad, hay cientos de casos similares. «Un sobre con ese dinero no hace tanto bulto», dice quien lo llevó al lugar de encuentro.

La represión en Venezuela se transformó en extorsión. Las detenciones, en secuestros exprés. El rescate exigido puede ir de los 1.000 a los 15.000 dólares -de 900 a unos 13.800 euros-, según varias fuentes. «Te suelen pedir diez y aceptar el 30%», dice alguien que conoce los entresijos del chantaje y que pregunta receloso: «¿hablamos por Whatsapp? ¿Sí? Ok». «El papá tiene que ir al Helicoide (centro de encierro y tortura de disidentes políticos) y ahí lo tratan muy amablemente. Le dicen: 'sabes que necesitamos un apoyo, yo no quiero perjudicarlo, nosotros trabajamos todo el día...'. Funciona, porque han establecido el terror. Si no paga, el detenido va a una cárcel, donde le van a descoñetar (destruir), irá a un tribunal y terminará en Tocorón (centro de presos comunes, donde impera la violencia)». Casi todos los detenidos tenían entre 18 y 30 años, dice esta fuente, y todavía hay menores encerrados.

El proceso de negociación dura «unas cinco horas», cuando el rescatista tiene los recursos. Incluye la llegada de un acuerdo y la búsqueda del dinero. El proceso es sencillo, según los testimonios contrastados para este reportaje. Primero suena el teléfono. «El policía le da un celular (móvil) al detenido, que ni siquiera está en una celda, para que llame a su familia y luego habla él». Un familiar, por lo general el padre y nunca la madre, o un abogado contratado para «resolver estos problemas», van al edificio donde está la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). «Subes, sigues derecho, le das una vuelta al edificio y encuentras la sede del cuerpo motorizado», describe alguien familiarizado con las liberaciones. «Desde el principio se sabe que es un mecanismo de extorsión y el dinero se suele entregar ahí mismo». «Sí, llamaron esa noche», ratifica otra persona consultada. «Había unas amenazas fuertes y había que sacarlo antes de que lo procesaran. Por eso fue tan rápida la operación».

Descrita como una represión «masiva e indiscriminada» por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe publicado esta semana, la actuación militar y policial se saldó con 1.062 procesos judiciales en dos días, dato de la Fiscalía venezolana. Acusados de «traición a la patria» y «terrorismo», ésta es la cifra de los que no pudieron cumplir con el pago de la extorsión.

La detención es política pero «el motivo es económico. La policía sustenta su actividad con un esquema de extorsión. No ganan nada con sus sueldos. Es sistemático, parte del Estado. No se limita al motorizado que te detiene y el dinero llega a las altas esferas». En el escenario posterior a las elecciones el monto del rescate aumentó. «En ese momento, todas las extorsiones subieron de precio, como los pasajes de avión», dice un afectado.

Las «detenciones arbitrarias», como las llama la ONU, se basan, aún hoy, en lo que encuentran en los móviles. Mensajes, vídeos, notas de voz, cualquier contenido contrario al régimen. Incluso 'memes'. «Después del 28-J (día de las elecciones en Venezuela) se dio una patente de corso a los policías cuando Maduro dijo que había 2.400 detenciones, aunque eran muchas menos. Pero estableció así un cupo y dio un impulso a este mecanismo. Se llevaban a los que estaban protestando, a los que caminaban cerca, a los que tenían un vídeo y a los que estaban en el vídeo».

A otro joven que apenas superaba la mayoría de edad lo apresaron en su casa la madrugada después de la primera protesta contra el fraude electoral. «Lo fue a buscar la gente de la DGCIM» (Dirección General de Contra-inteligencia Militar), dice una fuente, cuyas referencias se omiten. Vivía en una zona de viviendas sociales de una ciudad venezolana. «La mayoría de las personas detenidas provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de vídeos o fotografías o por la delación de personas afines al Gobierno», sostiene el informe de Naciones Unidas.

A este joven lo llevaron a un centro de detención. Cuando su padre lo buscó, le pidieron 2.000 dólares. No los tenía. Se demoró en reunirlos, mientras al hijo lo trasladaban de una prisión a otra. «Le metieron corriente por las orejas con unas pinzas, le dieron coñazos (golpes) en la planta de los pies pero no le pegaron en ninguna otra parte», denuncia esa fuente. Gracias a la contribución de familiares y amigos, el padre pudo entregar el dinero a quien le había llamado. «Después, nunca más atendió». El hijo no fue liberado. «Cuando te van a buscar, hay una orden de arriba y la negociación no suele ser posible. Es una detención selectiva y no generalizada», explica la fuente relacionada con los rescates. «Hay cantidad de veces en los que roban a los familiares, a veces el mismo abogado».

En este caso, el joven todavía está en una cárcel y se arriesga a una condena de 30 años de prisión, como si hubiera cometido un asesinato. Los familiares no han podido verlo. En esos dos días fueron apresados 160 menores de edad, según unos registros de la ONG Foro Penal que no incluye a los que fueron soltados gracias al pago en efectivo, una situación que permanece oculta. «Pagan y luego desaparecen, nunca más hablan y tampoco denuncian», mantiene una persona relacionada con uno de los casos. En la extorsión instituida hay un componente discriminatorio: «Ves que la gran mayoría de los detenidos son jóvenes de clases muy pobres. No hay a gente de clase media o alta. ¿Por qué no las ves o ves a muy pocos?».

Frente a una extorsión, en caso de no pagar, la alternativa es la defensa ante el tribunal asignado por el régimen. Ya no se permite la defensa de un abogado contratado por la familia. La audiencia es cerrada. «Las detenciones estuvieron acompañadas o seguidas de graves y sistemáticas violaciones del debido proceso» y los «delitos son de tipificación ambigua y suelen imputarse en concurso», advierte la ONU. El terrorismo se justifica por la posesión de un vídeo en el móvil. «Cuando te paran, te piden el teléfono, te obligan a dar la clave y lo revisan a ver qué encuentran», mantiene un afectado. «Lo hacen en tu cara. Es ilegal pero, si te ponen un revólver en la cabeza, qué vas a hacer». Otra persona confirma: «Sí, yo tuve que borrar hasta conversaciones con mi madre, que ya murió. Porque uno se sigue comunicando y diciendo lo que vive, pero sabe que te quitan los celulares para sacarte plata».

Pasadas las protestas, con la población silenciada y escondida en sus casas, ha decaído la caza entre la multitud. Las revisiones de los móviles se hacen en las «alcabalas», puestos móviles de control de la Policía. «Paran a los pavos (gente joven). Se fijan en el carro (coche) que tiene y cómo va vestido, y saben si puede pagar o no», asegura una fuente, que tiene un grupo con otros cuatro amigos para aportar dólares entre todos si a alguno le pasa una contingencia. Al chico de los 10.000 dólares sí lo soltaron. «Cumplieron», dice quien entregó el dinero. «Imagínate a los muchachos y lo que pueden vivir ahí».

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