paula rosas
Corresponsal. París
Viernes, 6 de diciembre 2019, 23:22
Gobierno y sindicatos franceses se aprietan ya los machos en vistas a lo que todo apunta será una larga y dura confrontación. El Ejecutivo concedió este viernes que la reforma de las pensiones, proyecto faro del mandato de Emmanuel Macron, será «progresiva» para limitar su impacto. Pero advirtió también de que no piensa recular, a pesar de que los sindicatos mantuvieron el pulso con una nueva jornada negra en los transportes -una huelga por el momento indefinida-, y anunciaron que volverán a la calle el martes para no perder el impulso de la movilización masiva de esta semana. Su demanda, además, no deja margen a la negociación: piden la retirada total de la reforma.
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Los detalles del proyecto no se conocerán hasta el próximo miércoles, pero desde hace meses circulan todo tipo de especulaciones, simuladores de cálculo de la pensión y rumores que este viernes el primer ministro quiso atajar calificándolas de 'fake news'. «No buscamos la confrontación», dijo Édouard Philippe en una alocución televisada, pero «nuestros conciudadanos saben que la gran diversidad de regímenes (especiales) -42- no puede durar. Saben que un día habrá que renunciar a esos regímenes que ya no se entienden, que tendremos que trabajar durante un poco más de tiempo, como ya pasa en otros países comparables a Francia».
El Gobierno viene escarmentado del año de crisis que ha vivido con el movimiento de los 'chalecos amarillos' y para ésta -quizás la más crítica de las reformas- ha dejado cierto margen de maniobra. «Algunos han criticado al Gobierno (en el pasado) por su verticalidad. Aquí hemos optado por el diálogo social», reconoció Philippe. Tras meses de reuniones, el lunes se cerrará la mesa de concertación que el Ejecutivo había mantenido con patronales y organizaciones sindicales. Se hará balance de «los puntos de acuerdo y de desacuerdo» y la reforma se dejará empaquetada para ser presentada el miércoles por el propio primer ministro. Las verdaderas negociaciones, ya sobre cuestiones concretas, vendrán entonces.
Pero los sindicatos, especialmente las ramas que defienden a los sectores más afectados por la desaparición de esos regímenes especiales, no parecen estar dispuestos a negociar. La CGT, uno de los principales, pone por delante dos condiciones: primero la retirada del proyecto, y luego la apertura de negociaciones para «aportar mejoras», aunque siempre en el marco actual, dijo este viernes su secretaria encargada de pensiones, Catherine Perret.
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La huelga, por lo tanto, se prolongará para hacer la máxima presión posible, y los sindicatos cuentan con un arma muy poderosa: los transportes. Los empleados de la SNCF, la sociedad nacional de ferrocarriles, y la RATP, que gestiona el metro y autobuses de París, están fuertemente movilizados porque no quieren perder sus amplios privilegios. Un conductor de autobús en París, por ejemplo, puede llegar a jubilarse diez años antes que uno de Lyon, a pesar de hacer el mismo trabajo. Philippe se dirigió especialmente a ellos: «no creo que los franceses acepten regímenes que permitan a algunos, a pesar de hacer el mismo trabajo, jubilarse ganando un poco más y marchándose mucho antes que otros».
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La suerte está echada y los días que se aproximan se prevén complicados. este viernes un tercio de los ferroviarios siguieron de huelga, que fue muy seguida sobre todo entre maquinistas y controladores, lo que volvió a dejar en las estaciones a uno de cada diez trenes. Los accesos a la capital registraron a las ocho de la mañana unos atascos de hasta 340 kilómetros. Metro y autobuses en París siguieron prácticamente paralizados.
La incidencia entre los profesores, policías y sanitarios fue menor que el jueves, cuando 805.000 personas salieron a las calles del país, pero los sindicatos confían en que vuelva a aumentar el martes. Un 30% de los vuelos nacionales y el 15% de los de media distancia de Air France también fueron anulados por la huelga del personal de tierra. Y para sumar a la pesadilla en la que se ha convertido desplazarse por Francia, este sábado está prevista una movilización de camioneros, que no protestan por las pensiones sino por la subida del diésel profesional, pero que han aprovechado el momento en el que más impacto pueden tener.
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La movilización contra la reforma de las pensiones guarda paralelismos con la histórica huelga de 1995 en respuesta a una iniciativa similar que el Gobierno tuvo que retirar. Como entonces, el paro tiene un seguimiento masivo en los ferrocarriles y transportes metropolitanos de la región de París. Hace 24 años estaba al frente del Gobierno el conservador Alain Juppé, mentor político del actual primer ministro, Édouard Philippe.
Juppé fracasó en sus planes reformistas después de un desafío sindical que se prolongó durante 23 días apoyado en la casi unanimidad de todas las centrales convocantes. En ambas ocasiones, las protestas llegaron precedidas por un clima social explosivo. El año de activismo de los 'chalecos amarillos' ahora; la agitación en distintos sectores de la Administración pública en 1995. Ahora como entonces, el principal temor del Gobierno era la prolongación del conflicto. El Ejecutivo Juppé, con Jacques Chirac en el Elíseo, apostó por la inflexibilidad pero de nada le sirvió frente a la solidez de la apuesta sindical que hoy, de momento, no parece tan pétrea.
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