La Fiscalía pide más de 60 años para uno de los acusados del tiroteo de Mérida

Visto para sentencia el juicio por el tiroteo que tuvo lugar en agosto de 2011 en el barrio de San Lázaro de Mérida y que acabó con la vida de dos personas, madre e hijo, por un enfrentamiento con otra familia. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial deberá confrontar la evidencia de los hechos, con dos fallecidos, dos heridos y más de 190 disparos, con la dificultad de asignar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los acusados.

En la última sesión de la vista la Fiscalía sólo hizo un cambio en sus conclusiones provisionales. Los cuatro miembros de la familia a la que considera autora de las muertes que fueron detenidos en Sevilla, para los que pedía dos años de prisión por tenencia ilícita de armas, se enfrentarán finalmente a un año de cárcel tras haber reconocido que se hicieron con un arsenal por miedo a represalias. No se ha podido acreditar que estas pistolas y escopetas tuvieran relación con el tiroteo.

En cuanto al resto, la fiscal mantuvo su petición de condena. Considera a José M. autor del asesinato de Isabel V., quien falleció de un tiro en la nuca. Para ello, se basa en que ha sido el único que ha reconocido haber disparado (aunque en su declaración dijo que al aire) y que fue identificado por una testigo, hija de la víctima. Aunque este testimonio ha cambiado, concede validez a su primera versión, que fue recogida por la Policía Nacional, cuyo trabajo ensalzó. Pide 17 años de prisión por asesinato más 7 años y medio por cuatro delitos de tentativa de homicidio contra otras tantas personas del clan rival. En total, 47 años más nueve meses por tenencia ilícita de arma.

Para su nieto, José María M., al que considera autor de la muerte de Joaquín V., sostiene la misma petición. Pero el delito de tenencia ilícita se eleva a tres años, lo que hace un total de 50. También considera clave el atestado policial con las declaraciones de los primeros testigos.

Para los otros cinco implicados en el tiroteo mantiene su solicitud. Cinco delitos de tentativa de homicidio para uno de los hijos de José, ya que se le considera autor del disparo que hirió a Manuel V., el único acusado de la otra familia, y cuatro tentativas para otro hijo, un sobrino y dos yernos. Junto con la tenencia ilícita de armas, las penas oscilan entre los 30 y los 39 años y medio de prisión.

Por último, para el citado Manuel V. pide 60 años de cárcel por ocho delitos de tentativa de homicidio (también con siete años y medio por cada uno), ya que considera probado que disparó contra ocho miembros del clan rival, los siete imputados más una mujer que fue asesinada un mes después en El Puerto de Santa María. A esto se incluyen tres años más por tenencia ilícita.

Para la Fiscalía, el enfrentamiento entre las dos familias por la separación de un matrimonio alcanzó su punto más alto de tensión en la mañana del 3 de agosto, cuando lo que empezó como una conversación para arreglar los problemas acabó en un tiroteo. La acusación particular, que representa al clan que sufrió las dos víctimas mortales, considera sin embargo que se produjo una emboscada.

Su abogado, José Duarte, coincide con el relato de la Fiscalía. Pero considera a los siete implicados autores o coautores de dos delitos de asesinato y seis de tentativa de homicidio, ya que a los cinco citados suma el de un viandante que pasó por la zona del tiroteo y resultó herido. Con los delitos de tenencia ilícita para cada caso, las penas que solicita oscilan entre 79 y 82 años de prisión. También reclama dos años de cárcel para cada uno de los cuatro detenidos en Sevilla por tenencia ilícita. En todos los casos reconoce la atenuante de dilaciones indebidas por la tramitación del procedimiento, aunque se compensaría con el agravante de abuso de superioridad por respuesta desmedida de los que intervinieron en el tiroteo. Por último, pide más de 300.000 euros de indemnización y la absolución de Manuel V.

Piden la absolución

Su abogado defensor, Wenceslao Tarragó, reconoce sin embargo el delito de tenencia ilícita, ya que su cliente fue detenido con una pistola en la mano. Pero en lugar de los tres años de prisión que pide la Fiscalía rebaja la condena a seis meses, a lo que habría que aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. A su juicio, no ha quedado probado que disparara, ya que las pruebas de restos de pólvora que se hallaron en sus manos podrían ser de otra arma que se utilizó cerca. Y recalcó que, en todo caso, habría que demostrar que disparó a los ocho miembros de la familia contraria.

En la misma línea, Diego Silva, abogado de los cuatro detenidos en Sevilla y de otro familiar que se encontraba en Mérida, alegó que nada acredita que este último disparara en el tiroteo. La acusación directa de una hija de la fallecida le parece insuficiente, ya que ha cambiado varias veces su declaración. Y aunque se pueda considerar que realizó disparos, no se sabe ni cuántos hizo ni a dónde se dirigieron.

Por su parte, Carlota Garrido, que defiende a los otros seis implicados en el tiroteo, mostró una versión diferente a las acusaciones. Según dijo, fue el clan rival el que inició el enfrentamiento, ya que tras la conversación fallida Isabel V. regresó al lugar acompañada de numerosos hombres armados. De hecho, apuntó que el disparo que causó su muerte pudo venir de su propia familia, y que lo mismo pudo ocurrir con la otra víctima mortal, su hijo Joaquín. Para la abogada, las declaraciones contradictorias de los testigos no arrojan luz sobre quién disparó a quién, y tampoco se ha podido acreditar quién usó cada arma. Por todo ello, pidió la absolución de sus clientes, y en caso contrario que se apliquen eximentes o atenuantes de dilaciones indebidas, legítima defensa, miedo insuperable, arrebato y confesión.