El Ayuntamiento inicia la expropiación de la peluquería de las Concepcionistas

Willy considera que la Junta de Gobierno Local no debe ser el órgano que expropie sus derechos como arrendatario, sino el Pleno Municipal. Niega además que la obra sea una causa suficiente para extinguir un alquiler que se firmó el 31 de octubre de 1972 con la orden religiosa, propietaria del convento hasta que se lo vendió al Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local respondió a Willy que no puede prolongar un derecho sobre un local que va a desaparecer y que el interés particular por mantener su negocio en el mismo sitio no debe estar por encima del interés general que hay detrás de la rehabilitación del Convento.

Agotada la negociación entre el Ayuntamiento y el inquilino, ahora una parte debe decidir si recurre al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y la otra si finalmente ejecuta la expropiación forzosa.

Carmen Yánez anunció ayer que la expropiación forzosa de derechos arrendatarios se resolverá en breves fechas.

Fue la respuesta que la portavoz municipal dio a Álvaro Vázquez, el portavoz de Unidas por Mérida en el Ayuntamiento.

Unidas por Mérida recuerda que el Ayuntamiento no dispone, de momento, de todo el recinto de las Concepcionistas porque el peluquero Willy cuenta con una sentencia judicial que avala su ocupación del local.

«Toda la propiedad del Convento de las Concepcionistas es del Ayuntamiento, con lo que mienten a la hora de decir que no se tiene toda la propiedad para rehabilitar las Concepcionistas», respondió Carmen Yáñez.

Para la portavoz municipal en este caso solo hay el interés de un particular que quiere aprovecharse de la administración y reprocha al grupo de Álvaro Vázquez que defienda más una cuestión privada que los beneficios públicos.

En su opinión, Podemos e Izquierda Unida llevan toda la legislatura en contra del avance de la ciudad como ya ocurrió con las posturas en contra en la obra de Valverde Lillo, con el Stone, el teatro María Luisa o la carretera del Prado. «Están en contra de cualquier iniciativa que beneficia a la ciudad», sentencia.

Para Unidas por Mérida resulta poco prudente que el Ayuntamiento haya adjudicado ya el derribo de un recinto en el que todavía sigue funcionando una actividad comercial.

Cree que hay una incompetencia manifiesta por los responsables del contrato porque las obras de derribo no empezarán hasta que se resuelva.

«Exigimos al equipo de gobierno que suspenda el procedimiento hasta que se aclaren las circunstancias», sentencian.