El Ayuntamiento de Mérida tendrá que pagar casi un millón de euros por una expropiación

El Ayuntamiento tendrá que pagar casi un millón de euros por la expropiación de una finca en la zona de la barriada de la Antigua. Para eso fue necesario aprobar en el pleno del pasado 18 de junio un expediente de modificación de crédito 40/2020 para cumplir la ejecución de la sentencia de la empresa FEGA 2004 S.L, por un importe de 441.216,72 euros. Esta es solo una parte de la cantidad. Porque hay otra anterior.

El Consistorio ya tuvo que hacer un pago previo en la anterior liquidación, correspondiente al año 2018, que ascendió a casi 500.000 euros, por lo que la cifra total que tiene que abonar alcanza casi el millón de euros.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, explicó en el pleno del pasado mes de junio que se decidió en los juzgados la valoración que pedía la empresa de esos terrenos situados junto a la casa de la cultura de la barriada de la Antigua y en el límite con el Río Albarregas.

Yáñez declaró en esa ocasión que la empresa reclamaba que se les abonara lo que tienen que ceder al Ayuntamiento de Mérida, lo que es la parte de urbanización. «El Consistorio no estaba de acuerdo con esta petición y por eso tuvo que recurrir al Tribunal de Valoración de la Junta de Extremadura. La cantidad que por fin fijó este tribunal se asemejaba mucho con la que valoraba el Ayuntamiento de Mérida para este espacio».

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le ha dado la razón a esta empresa, con lo que hay que ejecutar una sentencia que tiene un valor que asciende a los 441.216,72 euros.

En la junta de gobierno del pasado 28 de mayo de este año se tomó el acuerdo de no recurrir en casación al TSJEx, acordando adoptar la ejecución de la sentencia y pagar el justiprecio correspondiente.

En este caso, el Ayuntamiento lo informó que lo hará a través del remanente de tesorería de libre disposición para gastos generales que permite el superávit que se ha obtenido del año 2019.

«Toda esta operación tiene los informes jurídicos y técnicos preceptivos. Y hemos decidido que no se va a recurrir en casación porque, de forma paralela, tendríamos que ejecutar la sentencia. Hay un informe jurídico que indica que, como hay pocas posibilidades de poder aprobarlo a través de esta vía, recomienda además que, para no perjudicar más al Ayuntamiento y a los ciudadanos, se abone la cantidad que se dicta esta sentencia», explicaba Yáñez durante el pleno municipal.

Declaraba además que se podía haber optado por recurrirlo. Pero han querido ser cautos por las recomendaciones que se han hecho desde el gabinete jurídico del Ayuntamiento para así poder ahorrarse las costas de este procedimiento, que pueden ser muy cuantiosas para las arcas municipales.

El pleno del 21 de noviembre del año 2019 aprobó la expropiación de una finca en la ciudad por 455.000 euros. Se trataba de la finca de la que hablamos actualmente. Esto fue posible gracias a una partida procedente de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

En la liquidación de 2018 el Ayuntamiento tuvo un remanente positivo de tesorería, un superávit, de casi 5 millones de euros. Lo que permitió al Consistorio destinar dinero a la expropiación de esta parcela que recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un espacio situado en las traseras de la avenida Juan Carlos I, número 45.

El Plan General recoge que esta parcela es zona verde y que debe ser expropiada por el Consistorio. Los titulares llevan unos 15 años intentando que el Ayuntamiento expropie esta finca y cumpla con la normativa.

Como no ha hubo un acuerdo entre los propietarios, Fega 2004 S.L, y el Ayuntamiento, en lo que al precio se refiere, se acudió al Jurado Autonómico de Valoración, que estimó el justiprecio de la parcela en 455.380 euros. Prácticamente el mismo precio en el que se valoró por los técnicos municipales.