Una empresa excluida podrá participar en el concurso para gestionar el Festival de Mérida

La Comisión Jurídica estima parcialmente uno de los recursos del grupo temporal de empresas que recurrió su exclusión del concurso para gestionar el Festival de Mérida.

La UTE del grupo SEDA podrá participar en la licitación si justifica ante el Consorcio Patronato del Festival que goza de la solvencia financiera exigida para optar a un concurso que sale por dos años (2021 y 2022), con un presupuesto de licitación de 5,8 millones en total, IVA incluido. El adjudicatario dirigirá el evento por esos dos años con otros dos opcionales más. Con esta prórroga, el total de la licitación se sitúa en 14.960.000 euros.

Como HOY contó el pasado día 1, el Patronato del Festival de Mérida tenía suspendida la tramitación del concurso mientras la Comisión Jurídica de Extremadura resolvía el recurso de SEDA por su exclusión. El Patronato había validado previamente la solicitud de Pentación, la empresa de Jesús Cimarro, director del Festival emeritense desde 2012, para optar a la gestión mientras que las de Klemark y la UTE compuesta por SEDA, Plural y Letgso se rechazó por no justificar su solvencia técnica/financiera o por falta de documentación acreditativa. El grupo SEDA recurrió y la Comisión Jurídica le da ahora parcialmente la razón.

La Comisión entiende que la UTE no acreditó la solvencia económica exigida en los pliegos, imprescindible para ser invitada a la segunda parte del concurso que recoge la presentación de ofertas. No obstante cree que el Patronato debió poder permitir que el grupo de empresas subsanara la documentación que se consideraba incompleta para justificar esa solvencia económica de la UTE. En concreto aportó declaraciones responsables cuando debieron aportar contratos o certificados de contratos, tal como determina la Ley de Contratos del Sector Público.

Lo que hace ahora la Comisión Jurídica es fijar que el Patronato del Festival vuelva al punto de salida en esta licitación respecto al momento de valoración de la documentación aportada por el grupo SEDA para acreditar la solvencia económica, dándole un plazo de subsanación.