«Antes, al llegar, estábamos asfixiados, económicamente hablando, y ahora estamos pudiendo hacer inversiones para mejorar los barrios y la vida de la gente. Estaremos pronto sin deuda bancaria». Carmen Yáñez, primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, resume de esta manera cómo el ... Ayuntamiento de Mérida ha pasado de tener una deuda a finales de 2015 de casi 51 millones con los bancos a 16 millones según la actualización del mes de agosto. De esta forma, bajo los diferentes gobiernos locales de Antonio Rodríguez Osuna, la llamada deuda viva del Consistorio se han reducido un 68,5%.
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El Ministerio de Hacienda acaba de publicar la deuda viva (lo que se debe a los bancos) de todas las entidades locales del país. El dato, a 31 de diciembre de 2022, es que la del ayuntamiento emeritense se situaba en 19.270.000 euros. Era un 7,3% menos que como acabó 2021, entonces cifrada en 20.793.000. Como avanzó ayer Yáñez a preguntas de HOY, la situación ahora mismo es todavía mejor al quedarse esa deuda bancaria en 16.058.880 euros.
«Hemos pasado momentos muy difíciles desde que llegamos al Gobierno local en 2015«, rememora la número dos del Ejecutivo local socialista. En 2015, el Ayuntamiento de Mérida tenía una deuda de 50,8 millones. En 2014 era de 55.6. Y en 2013 a los bancos se les debía 61 millones.
Era, de largo, el Consistorio extremeño más endeudado y uno de los mayores del país. Eso obligó, entre otras decisiones, a tener que acogerse a un plan de ajuste que oficialmente termina en 2032.
Que un ayuntamiento esté bajo un plan de ajuste significa estar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda y no tener libertad a la hora de elaborar y gestionar los Presupuestos municipales.
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Sin embargo, visto la evolución económica del Ayuntamiento, el Gobierno local de Osuna es muy optimista respecto a dar por finiquitado antes de tiempo ese plan de ajuste para el Consistorio de Mérida.
«En 2025 o a más tardar en 2006 no deberemos nada a los bancos. Seguro en cualquier caso de terminar la presente legislatura», reafirma Yáñez.
«Creo que la gestión realizada por este equipo de gobierno salta a la vista. No solo es que hayamos reducido mucho lo que debemos a los bancos. Es muy importante también el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores. Ahora es muy poco», dice.
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La delegada de Hacienda señala que a cierre del mes de julio, ese plazo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento emeritense se sitúa en 12,74 días. Yáñez señala que, más próximo en el tiempo aún, es que el 10 de agosto se pagaron todas las facturas por parte del Ayuntamiento «y no se debía nada a ningún proveedor a esa fecha».
Carmen Yáñez resalta que el Consistorio de Mérida tiene «liquidez» para afrontar inversiones «necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos. Tenemos, por ejemplo, casi 34 millones en los bancos. En la medida de nuestra posibilidades y limitaciones, intentamos que ese dinero se invierta en la ciudad y en los emeritenses», culmina.
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Explica Yáñez que a la gestión de los fondos por parte del Gobierno local se le une, para explicar esa liquidez generada, la llegada de importantes ingresos por instalaciones renovables (fotovoltaicas) que se están desarrollando en el término municipal emeritense así como la reactivación del sector de la construcción, con muchas obras de rehabilitación.
También, asegura, que se ha podido obtener una mejor recaudación. En parte por una reactivación económica evidente tras la pandemia, en parte por haber podido cobrar deudas de importante volumen «que desde hace años era imposible cobrarlas a sus acreedores».
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Bajo este contexto, el Gobierno local anticipa unos nuevos presupuestos municipales expansivos para el próximo año 2024. «Ya se están preparando y van acorde a la situación económica que afortunadamente ahora tenemos en las cuentas municipales», señala la delegada de Hacienda a este diario.
Hay que recordar que los presupuestos vigentes son los prorrogados de 2021. A finales de diciembre de ese año se anunció por parte del Gobierno local que en el año 2022 no habría nuevas cuentas municipales (tampoco en 2023) a la espera de un informe técnico que cuantificase la caída de ingresos por la modificación del impuesto de plusvalía.
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