La Junta de Extremadura destaca que la concesión de un préstamo para financiar la construcción de la azucarera de Mérida evidencia que el proyecto es viable.
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El portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio González, ha recalcado que la aprobación de la operación con cargo ... al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) de Sepides supone que la inversión ha superado el análisis de los técnicos.
Sepides, entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, ha anunciado la concesión de un préstamo de 120 millones de euros al grupo Al Khaleej Sugar para construir una planta de procesado y comercialización de azúcar de remolacha en Mérida. La inversión total ronda los 500 millones de euros, con lo que se podrían crear más de 300 puestos de trabajo directos y 4.000 indirectos. La instalación está proyectada en el parque empresarial Expacio Mérida, situado al sur de la capital autonómica.
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El portavoz regional ha afirmado que se trata de «una magnífica noticia», aunque ha añadido que la Junta de Extremadura no se posiciona sobre proyectos empresariales, ya que su desarrollo dependerá de los inversores.
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Sin embargo, en su opinión el apoyo financiero a la azucarera pone de manifiesto que los proyectos industriales que están en marcha en la región con el apoyo de la Administración autonómica son una realidad. Aunque ha apuntado que algunos se llevarán a cabo y otros no, ha destacado la fortaleza de actuaciones como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, la fábrica de diamantes de Trujillo, el macromatadero de Zafra y ahora la azucarera que se quiere construir en Mérida. Como ha recordado, el objetivo principal es contribuir a crear empleo de calidad en la comunidad.
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Por otro lado, Juan Antonio González ha señalado que sigue en trámites la prórroga de la declaración de impacto ambiental de la planta, que fue concedida a finales de 2017 y que caduca el próximo mes de diciembre. Según ha indicado, la Consejería para la Transición Ecológica está estudiando el expediente para conceder esa ampliación, pero ha añadido que no habrá ningún problema si la empresa cumple los requisitos. En caso contrario, sería necesario iniciar una nueva tramitación ambiental, lo que supondría un freno a un proyecto que ha recibido un notable impulso con el acuerdo para su financiación.
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