La Junta ya tiene parcela para hacer 45 viviendas de alquiler en La Calzada de Mérida

La Junta tiene ya el terreno para iniciar el proceso administrativo de una nueva promoción de viviendas público privada en la ciudad. Cuatro años tiene para ponerlas en el mercado. Se hará en la Calzada y la idea es construir allí 45 pisos de alquiler. Se aprobó en el pleno de ayer la cesión del terreno.

Aclaró el alcalde algunos detalles para despejar las dudas que han surgido en las últimas semanas a los vecinos de La Calzada. No son viviendas de promoción social, matizó. La obra se hace para facilitar el arrendamiento a las rentas medias. Tiene Mérida un problema con el alquiler residencial. Apenas hay pisos y casas a precios asequibles. La escasa oferta inmobiliaria no es un problema concreto de Mérida, ocurre en otras ciudades y para dar algunas alternativas surge precisamente este plan nacional. Hay familias y jóvenes que tienen ingresos mensuales pero no pueden alquilar un piso en la ciudad. Augura el alcalde unas condiciones muy similares para los futuros inquilinos a las que se pusieron en su día en las antiguas VPO que se construyeron en La Calzada o en las primeras de las Abadías.

La promoción que se activa ahora forma parte de la estrategia nacional financiada con los fondos de europeos de recuperación. Se construirán más de 20.000 en toda España. Y de las 500 que les corresponden a Extremadura en ese lote total, 45 van en La Calzada. No se sabe todavía las condiciones ni el perfil de los que pueden aspirar a arrendar porque ese paso se dará al final, en cuatro años. Dependerá de las condiciones del mercado inmobiliario en 2026. Reconocieron ayer los portavoces de los grupos municipales y el propio alcalde que la iniciativa genera incertidumbre, pero entiende Antonio Rodríguez Osuna que se irán despejando según avance las fases. Ayer solo se dio el primer paso.

Lo poco que se sabe aún es que la promoción consiste en licitar la construcción para que una empresa pague el 40% del coste y el resto lo sufrague con dinero público la Junta con fondos europeos. Y después esta misma empresa recuperará su inversión gestionando los alquileres durante 50 años a los inquilinos. Una de las claves, explicó también la portavoz Carmen Yáñez, es que las constructoras que concurran no se quedan en titularidad las viviendas, sino que las gestionan durante 50 años como arrendadores. Y asumiendo además unos precios máximos, por lo que siempre estarán más baratas que en el mercado libre. El papel de la empresa privada como constructora primero y arrendataria después es lo que hizo que el grupo de Unidas por Mérida votara en contra de la cesión. Entiende el portavoz Álvaro Vázquez que este método de colaboración puede generar problemas a los inquilinos y al Ayuntamiento le convendría más aclarar los términos antes de ceder suelo municipal. PP y PSOE votaron a favor. Ciudadanos se abstuvo y Unidas voto en contra.

Los dos concejales de Vox no participaron en el debate porque se autoexpulsaron del pleno en el punto anterior. Ángel Pelayo Gordillo empezó una disertación histórica sobre los orígenes de la ONU y el alcalde le dijo dos veces que se ciñera a defender su postura sobre si apoya o no la adhesión del Ayuntamiento de Mérida a la red de entidades locales que defienden los objetivos de desarrollo sostenible. Tras dos llamadas de atención, el alcalde le dijo que lo expulsaba y el portavoz le aclaró que se autoexpulsaba, que se iba porque no le dejaba continuar.

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