La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia la urgente protección y declaración como Lugar de Memoria Democrática del antiguo convento de Santo Domingo. José ... Manuel Corbacho, presidente de Armhex, explica que se han movilizado ante el deterioro y abandono que detectan en este convento de la esquina de la calle Oviedo.
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Tiene la declaración de monumento desde hace 25 años pero no hay, explica, una coordinación entre las administraciones y los propietarios del solar para protegerlo. Ahora, si consigue la inclusión de Lugar de Memoria Democrática y se integra en el inventario nacional que está haciendo el Ministerio, habrá un elemento más que obligue a las administraciones y a los titulares del solar a señalizar y proteger los elementos históricos.
Entiende Corbacho que puede entrar en el registro nacional porque hay base legal para hacerlo.
La Ley de Memoria Democrática concreta que pueden obtener esa denominación los espacios en los que se hayan documentado hechos de singular relevancia por su significación histórica en la lucha por los derechos democráticos. Y Armhex ha documentado el uso que tuvo Santo Domingo como prisión habilitada y campo de concentración para la represión entre los años 1939 y 1947. Armhex recibió hace tiempo peticiones de familiares de represaliados que estuvieron retenidos en Santo Domingo y promovió una investigación sobre los allí detenidos tras la Guerra Civil. La investigación del historiador Ángel Olmedo Alonso constató que mientras tuvo este uso en la primera década de dictadura pasaron por Santo Domingo, al menos, 9.000 presos. Según Corbacho las conclusiones de Olmedo Alonso van en la misma línea de investigadores anteriores. «Prácticamente, todos los historiadores que han estudiado la represión franquista en Extremadura han situado este uso en Mérida de este lugar y en ese tiempo».
Según el estudio de los archivos de Santo Domingo, cada detenido era clasificado en función de su mayor o menor simpatía con el régimen franquista.
Se le consideraba A a los que eran seguidores al franquismo, B a los identificados como voluntarios del ejército republicano sin más responsabilidades y C a los oficiales del ejército republicano, miembros destacados de las organizaciones republicanas y considerados como 'enemigos de la patria'. La calificación de D era para responsables de delitos.
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El destino de los C y los D implicaba pasar por un consejo de guerra sumarísimo, de urgencia, abreviando todo el procedimiento, explica Corbacho.
El de los B era permanecer en los campos de concentración y ser encuadrados en unidades de trabajos forzados como las colonias penitenciarias militarizadas de Montijo que construyeron parte de las obras de regadíos de las Vegas Bajas del Guadiana. «Era un lugar de clasificación de los detenidos», explica.
Recuerda además la asociación que el convento forma parte de la Lista Roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra por su desprotección
La asociación espera que en un futuro haya algún tipo de señalización y de información sobre este lugar ya que por ley los propietarios no pueden negarse a esta identificación si se consigue la catalogación. «Mérida recibe cada año muchos visitantes y seguro que más allá del pasado romano hay grupos interesados en que les expliquen también esta información histórica de la ciudad». Muchos familiares, explica Corbacho, han narrado a historiadores visitas a Santo Domingo para interesarse por sus padres o sus abuelos y fueron testigos de la salida de camiones con detenidos. Algunos eran trasladados al Guadiana para trabajos forzosos en los regadíos. Y otros a los muros del cementerio. Allí les fusilaban.
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