Los migrantes critican el trato que da Cruz Roja en el albergue de El Prado de Mérida

A los voluntarios de Mérida que se interesan por ellos les llama la atención que en este acogimiento a los grupos no les proporcionen información ni formación. Se limitan a darles cobijo y comida. Pero no les dan, por ejemplo, clases básicas de castellano para que aprendan a desenvolverse cuando son un expulsados después de un mes, ni tampoco los pasos que deben seguir para pedir asilo o protección internacional. Siaka, uno de los jóvenes que estuvo acogido, ha explicado varias quejas que le han llegado sus compañeros: «La Cruz Roja no deja a los muchachos pedir asilo, no trata a los menores como se debe tratar. No le dan una información mínima. Si una persona entra en la oficina de Cruz Roja para que le expliquen como pedir asilo, hay un proceso a seguir y se lo tienen que explicar. A los chicos les dicen que no tienen derecho a pedir asilo. Un extranjero tiene derecho a pedirlo cómo quiera. Hay que escuchar su problema y luego ya se decidirá si se lo dan o no, pero el derecho a pedirlo no se lo pueden negar».

Ninguno de los que entran en albergue habla español. Necesitan un traductor para comunicarse. «Si no das información a un extranjero que está en Europa se los pones muy difícil. Yo llegué como uno de ellos y en su momento me orientaron bien. Si no me hubiera perdido». En Mérida, insiste, no les traducen y les hacen firmar documento que desconocen.

Han recogido también los voluntarios de la Plataforma de Personas Migrantes testimonios de jóvenes acogidos que dicen pasar frío y la Cruz Roja no les proporciona más mantas. Desde la asociación incluso han intentado ofrecerles ropa y abrigo que han recogido pero Cruz Roja la rechaza. Tampoco les ayudan a a protección internacional y son los voluntarios de la Plataforma los que a través del turno de oficio del Colegio de Abogados de Badajoz están consiguiendo activar algunos casos.

Con los menores sospechan que no se siguen los protocolos. Los que dicen no haber cumplido los dieciocho años, deberían en primer lugar, pasar a un dispositivo de acogimiento de niños y luego confirmar realmente su edad. Y eso, critican los usuarios, no está ocurriendo. Por eso piden los voluntarios a la Fiscalía de Menores, a la Delegación del Gobierno y a la Junta de Extremadura que vigile si realmente se está tratando a los niños como niños.

María Luisa Prudencio es una de las activistas que acompaña y orienta a los jóvenes migrantes que pasan por Mérida. Cree que si el Ministerio de Inclusión está invirtiendo y gestionando un servicio, debería preocuparse por lo que realmente ocurre en un recinto y si se cumplen con las leyes de protección que les asiste. «Si el menor llega y dice que es menor, aunque tenga barba con canas, se le hace la prueba, pero antes se le protege y tutela», ha insistido.

Entre los voluntarios temen que si no se siguen los protocolos marcados se acabará expulsando a menores sin protección alguna. De momento, aclaran, no tienen constancia de que haya ocurrido. La activista ha recordado que en el caso de las personas consideradas de especial vulneración, es decir que no tienen un lugar en el que se les acoja, el periodo inicial de un mes del que disponen para permanecer en Albergue se puede ampliar. Estos treinta días, aclara, se cuenta desde que son rescatados en Canarias. Cuando se les agota el tiempo se van y nadie controla luego dónde. Los que tienen familiares en otras ciudades de España o Francia intentar llegar a hasta ellos. Todas estas quejas las recogen los voluntarios cuando los acogidos salen del albergue. Los grupos de jóvenes pasan las horas sin hacer nada en la puerta, pasean por el río o van al centro de la ciudad, pero no siguen un plan de acogida.