Ocho zonas aglutinan las once casas de apuestas que hay actualmente en Mérida

La Corchera, Las Abadías, Los Bodegones, Nueva Ciudad, María Auxiliadora, Reina Sofía, Juan Carlos I y la calle Atarazanas. Son las ocho zonas de Mérida donde están situadas las once casas de apuestas que, a 11 de octubre de 2019, último dato oficial ofrecido, hay abiertas en la ciudad.

Un número que la formación política Unidas por Mérida considera muy elevado y que ha calificado de «desproporción significativa» si se tiene en cuenta, como asegura, «que suponen el 9,4% de los 117 establecimientos de este tipo instalados en toda la región, aunque el censo emeritense suponga tan solo el 5,43% de la población de la comunidad».

Preocupados por la proliferación de estos locales, la formación política ha registrado una propuesta en la que insta al Ayuntamiento a realizar modificaciones del reglamento en lo que afecta a la concesión de licencias a las casas de apuestas. Alegan para ello motivos de salud pública.

Esta modificación contempla, dicen, la suspensión en la aprobación de licencias de aquellos establecimientos que tengan la condición de salón de juego, según la definición consignada en la Ley 6/1998, de 18 de junio, del Juego de Extremadura. También propone el acuerdo de no renovación de las existentes cuya licencia fuera anterior a la entrada en vigor de la citada ley.

La formación política encuentra como uno de los elementos de riesgo la ubicación de estos establecimientos. «Su expansión mayoritaria se da en los barrios más populares. Estos entornos concentran las clases sociales más castigadas por la crisis económica y sus consecuencias inmediatas, como pueden ser desempleo, procesos de fragmentación social y desestructuración y familiar. Las personas con acceso más directo a estos locales presentan un alto grado de vulnerabilidad, lo que agrava la exposición al riesgo».

Entienden que la proliferación de establecimientos se ha producido bajo unos parámetros que no disponen de suficientes mecanismos de protección para los vecinos.

Por eso, creen que esta situación obliga al Ayuntamiento a hacer uso de sus competencias para que establezca medios legales de protección y adecuar la normativa modificando el régimen de regulación de dichas licencias. «Pedimos al Ayuntamiento que actúe para atajar, en la medida de sus competencias, la sobreexposición de los vecinos a estas prácticas y sus riesgos».