La plataforma de ayuda insiste en que hay 50 menores migrantes en el Prado

Pero advierte que la Junta de Extremadura también tiene responsabilidad en atenderlos. «La plataforma de apoyo a las personas migrantes y refugiadas en Extremadura exige a la Junta de Extremadura que asuma su responsabilidad», dice en su comunicado público.

La presencia de menores en el Prado es un debate continuo desde que abrió. Aunque oficialmente es un centro para hombres adultos rescatados en las costas españolas y derivados a Mérida, los voluntarios que les asisten y conocen los casos han alertado durante meses que entre los grupos de varones hay jóvenes adolescentes menores de dieciocho años.

El problema es que no tienen documentación que lo acredite. Y critican además que el protocolo que se aplica en Extremadura es contrario a la ley y distinto al de otras comunidades autónomas. En otros centros similares, si un acogido dice que es menor de edad le aplican la protección a la infancia. En Extremadura, en cambio, no se hace de esta forma. Les ignoran. La plataforma ha alertado muchas veces que los chicos explican en el centro su situación y la edad que tienen, pero como no pueden acreditarla, les siguen tratando como adultos y quedan fuera del plan de acogida. A raíz de la intervención en la Asamblea de la consejera encargada de la infancia, la plataforma recuerda que la Junta es consciente de la presencia de niños migrantes acogidos en Mérida desde el mes de octubre de 2023, cuando abrió sus puertas y los voluntarios empezaron a detectar la desprotección. «Hasta ahora no lo ha reconocido abiertamente y al hacerlo reconoce también una evidente negación de auxilio a los menores». Piden a la Junta de Extremadura que no deje a los niños conviviendo con ochocientos adultos en un macrocentro porque están expuestos a todo tipo de peligros y es además un claro incumplimiento de la normativa que regula la acogida de migrantes. Para comprobar que se actúa en contra de la ley, recurrieron en su día al Defensor del Pueblo y la conclusión a la que llegó fue que cuando no puede saberse con seguridad si es un menor el acogido, pasará a protección de menores. El Defensor del Pueblo, por tanto, avaló la petición que hacen los voluntarios.

Eso implica, que la tutela de los niños y niñas que están solos las debe asumir la Junta de Extremadura. En estos meses se han dado casos de algunos chicos que estuvieron en Mérida tratados como adultos a pesar de que habían dicho que eran menores pero cuando fueron luego a otras comunidades autónomas y volvieron a explicar su caso entraron en el programa de infancia. Por eso pide que se haga igual en Mérida.