Solo una empresa opta a la construcción de viviendas de alquiler asequible en Mérida

El Gobierno regional aprobó a comienzos de año la licitación de esta obra, aunque el concurso no se convocó hasta junio. El plazo de presentación de ofertas concluyó a principios de agosto y sólo se recibió la propuesta de Plalyso. Al tratarse de una actuación financiada por el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, antes de proceder a la adjudicación hay que realizar otros trámites, que están pendientes desde entonces.

Este contrato consiste en la constitución de un derecho de superficie a título gratuito sobre una parcela de 1.800 metros cuadrados para la construcción y explotación de viviendas de protección pública en régimen de alquiler a precio asequible. El solar ha sido entregado por el Ayuntamiento de Mérida. La cesión municipal es por 50 años y los pisos serán propiedad de la Administración regional. Ese plazo se iniciará a partir de la conclusión de las obras, que deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

La construcción de vivienda para alquiler asequible es una actuación subvencionada con cargo al Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos de recuperación tras la pandemia de covid-19.

El objeto de este programa es el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante rehabilitación de edificios o promociones de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública.

La Junta de Extremadura, como beneficiaria de fondos de este programa, ha puesto en marcha cuatro actuaciones en otras tantas localidades de la región. La primera en salir adelante fue la obra de Mérida, que se enmarcará en un barrio que creció precisamente como fruto de otro programa autonómico de vivienda, el Plan 60.000 euros.

El modelo de concesión mediante la constitución de un derecho de superficie a título gratuito, sin coste para las empresas, se complementa con una subvención de 700 euros por metro cuadrado útil y un máximo de 50.000 euros por vivienda para la empresa constructora.

A cambio, el contrato exige la adecuación de viviendas que sean energéticamente sostenibles y que se exploten en régimen de alquiler con un precio tasado de 5,31 euros por metro cuadrado. De esa forma, una vivienda de 90 metros no podría costar más de 478 euros al mes. Se trata de un precio por debajo de la media regional, que asciende a 5,80 euros por metro cuadrado.

Con ello se pretende mejorar la calidad de vida de las personas residentes en viviendas pública a través del aumento del confort y eficiencia energética, así como incrementar la oferta de alquiler, incidir en los precios y favorecer el acceso a una casa para sectores vulnerables.

Como recoge la memoria del proyecto, Mérida cuenta con casi 60.000 habitantes y alrededor de 29.000 viviendas. De ellas, cerca de 1.600 son de promoción pública, que son las destinadas a las familias más desfavorecidas. Representan el 5,5% del total de la ciudad, muy por encima de la media regional, del 2,11%.

Sin embargo, hay sectores de población que no pueden acceder a una vivienda en propiedad pero que tampoco cumplen los requisitos del decreto autonómico que regula la adjudicación de viviendas de promoción pública por superar los umbrales de renta exigidos. Esto obliga a destinar un elevado porcentaje de los ingresos del hogar a sufragar el precio del alquiler.

La memoria del concurso indica que el precio del alquiler en Mérida ha subido entre un 8 y un 10% en los dos últimos años y pasa de 5,90 euros el metro cuadrado. Unido al incremento en los tipos de interés de las hipotecas, se considera necesario intervenir para facilitar el acceso a la vivienda sobre todo a familias jóvenes y hogares formados por una sola persona.