El Supremo confirma la pena de cuatro años de cárcel para el exgerente del Festival de Mérida

La sala Penal del TS ha desestimado de manera íntegra su recurso contra la sentencia del 12 de mayo de 2021 de la Audiencia Provincial de Mérida, un fallo que le condena también a una indemnización de 208.600 euros al Consorcio del Patronato del Festival, descontando el montante que se acredite como pagado en el procedimiento que sigue el Tribunal de Cuentas.

El condenado había argumentado infracciones de ley en su recurso de casación. Sostenía que no estaba sujeto a la Ley de la Función Pública por no ser funcionario, que la causa se ha dilatado excesivamente en el tiempo y debió ser considerada como atenuante muy calificada y por la condena en costas, ya que en principio fue acusado de cuatro delitos. Ninguna de las alegaciones ha prosperado.

Según se relata en los hechos probados, mientras fue gerente del Consorcio el acusado no presentó las cuentas anuales para su aprobación por parte del Consejo Rector, como establece la normativa. Tampoco las correspondientes liquidaciones del Impuesto de Sociedades del 2008 al 2010 ni los ingresos de las retenciones sobre rendimientos del trabajo de los empleados del Consorcio del año 2009.

A este respecto, la Agencia Tributaria levantó acta de liquidación de cuotas al Consorcio, actas de liquidación de cuotas sobre el IVA y actas de liquidación de cuotas. Además, incoó contra el Consorcio diferentes expedientes sancionadores. La deuda tributaria que se reclama al Consorcio es de 605.980 euros.

No atenció los requerimientos de la Agencia Tributaria y tampoco los de Intervención General de la Junta, de cara a controlar el carácter financiero de los ejercicios 2006 a 2010 del Consorcio. Aunque fue gerente desde el año 2008, ejercía como jefe de administración desde hace dos años antes.

Los hechos probados también recogen que durante este tiempo, el Consorcio no tuvo contabilidad. La deuda estimada a fecha de 27 de febrero de 2012 era de 3.558.078,54 euros, sin contar la deuda tributaria.

Además, se constató que desde 2006 firmó distintos contratos de forma directa con conocimiento de que tenía que seguir un procedimiento de contratación administrativa y que por tanto, estaba actuando al margen de la ley.

Salguero también fue condenado en 2018 a dos años de prisión por desviar 111.700 euros de la Orquesta de Extremadura (OEx), dependiente de la Junta de Extremadura, de la que también fue gerente.