Los voluntarios denuncian negligencias en el albergue de migrantes del Prado

La reunión termina pronto. La abogada de oficio prefiere no hablar y los chicos tampoco porque dicen que temen represalias. Pone voz a lo que sucede Marisa Prudencio, activista conocida en Mérida. «Acaban de solicitar abogado de oficio, algo que el colegio de abogados facilita y estamos aquí para decir que el albergue está masificado y arrastra muchos problemas». Los voluntarios no tienen acceso al interior del recinto del Prado, pero están en contacto directo con los chicos cuando se mueven por la ciudad y les cuentan cómo es la vida en el recinto. Allí solo entran los acogidos y los trabajadores de la empresa Accem. Desde la Plataforma han pedido reuniones con la Delegación del Gobierno y con Accem, que ha sustituido a Cruz Roja como prestataria del servicio del Ministerio.

No han obtenido respuesta. Por eso mantienen un trabajo continuo de calle y sospechan que desde que se abrió el recinto en el polígono industrial se vulneran los derechos fundamentales de los acogidos. Mérida no es precisamente una ciudad de acogida para los que escuchan a los jóvenes africanos. La expulsión de los menores, por ejemplo. Han documentado expulsiones en noviembre de adolescentes menores de 18 que ahora están acogidos en centros de menores de Cataluña y de otros países europeos. El problema, denuncian, es que en el Prado les echaron a la calle. Fueron a la comisaría de la Policía Nacional de Mérida porque eran menores y querían protección. Pero documentaron los voluntarios que un viernes de madrugada en noviembre los agentes les expulsaron de la comisaría y no les protegieron. «Eso va contra los derechos humanos y fundamentales de los menores y nosotras vamos a estar aquí denunciando esto», insiste Marisa Prudencio.

También han contrastado la expulsión el jueves de tres acogidos. Pedían una comida mejor de la que recibían y más información sobre el sitio en el que se encontraban. «No sabemos muy bien que ocurrió, pero sí estamos en contra de todo tipo de violencia y que a estos muchacho les han vulnerado su derecho porque no hubo procedimiento judicial, les expulsaron sin nada».

El número de migrantes sigue siendo al día de hoy una incógnita. La plataforma ha preguntado varias veces a la Delegación del Gobierno y a la empresa Accem. No le responden.

Calculan que hay entre trescientos y quinientos. Y lo que es peor, alertan sobre estrés extremo en el que viven algunos porque tras ser rescatados en una patera no tienen documentación. Se siente en un limbo legal que les lleva a la expulsión. «Tenemos noticias que ha habido un intento de suicidio y eso nos parece muy peligroso porque puede haber ahora un efecto contagio entre chavales tan jóvenes».

Al día de hoy, los voluntarios que tienen contacto con los chicos, no ven interés de ninguna administración por dignificar la asistencia. La ley que regula la protección internacional está sujeta a unos plazos y temen que a muchos el tiempo se les pase porque nadie les dice cómo pedirla. El problema, insisten, es que en Mérida no hay agentes de extranjería suficientes para atender el trabajo administrativo que conlleva un albergue de migrantes en el que habrá grupos cada semana pidiendo la protección.

El grupo al que acompañaron a los juzgados fue precisamente a pedir asilo político. Pero para solicitarlo necesitan primero que un abogado de oficio haga el requerimiento en los juzgados.

Ese primer paso no lo consiguen si no es por el empeño de los voluntarios. Los que hablan francés les traducen las exigencias de los funcionarios.

La información y el asesoramiento legal como demandantes de asilo se tenía que proporcionar en el mismo albergue, pero al día de hoy, explican los contactos, eso no ocurre. Ni lo hacía antes Cruz Roja, ni lo hace ahora Accen. «Estás arrojando a las personas a una situación en la que no son nadie. Y eso va en contra de los derechos humanos», reclama Marisa Prudencio. Recuerda que no reclaman nada excepcional ni algo fuera del derecho internacional o de los tratados suscritos por España. Información del lugar en el que se encuentra, asesoramiento sobre su situación y un canal oficial entra en todos los manuales.