El PP ve ideología en la negativa de Pedraz a cerrar el 'caso Couso'

La resistencia del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a archivar el 'caso Couso', como consecuencia de la reforma de la ley de justicia universal impulsada por el PP, es a juicio del partido gubernamental cuanto menos «extravagante». Eso es lo más suave que tuvo que oír ayer el magistrado. El vicesecretario de Organización, y mano derecha de María Dolores de Cospedal, Carlos Floriano, llegó acusarle incluso de falta de profesionalidad y «sesgo ideológico». Un mal que hizo extensivo a la judicatura en su conjunto. «No es bueno que en este momento, dependiendo de dónde caiga un asunto -dijo- intuyamos en qué dirección va a ser el resultado».

Los populares no entran a discutir el fondo de los argumentos esgrimidos por Pedraz, que sí ha preguntado a las partes implicadas en el resto de asuntos de su competencia afectados por la reforma -en concreto el genocidio contra el pueblo maya en Guatemala y el asalto a la embajada de España en ese mismo país en 1980- si dicta auto de sobreseimiento. En el caso del cámara de Telecinco asesinado en la guerra de Irak entiende que es su obligación aplicar la Convención de Ginebra, que protege a civiles en un conflicto armado, y alega que dado que un tratado «no puede ser modificado por una normativa interna», la reforma del Gobierno queda neutralizada.

El portavoz del PP en en el Congreso, Alfonso Alonso, replicó, con un argumento calcado al de Floriano en la Cope, que los magistrados tienen la obligación debe aplicar la ley sin más y que, en caso de tener alguna duda sobre la constitucionalidad de la disposición transitoria que declara sobreseídas todas aquellas causas que no encajen en los nuevos requisitos de perseguibilidad, Pedraz debería plantearlas ante el Tribunal Constitucional a modo de cuestión de inconstitucionalidad. Lo que ocurre es que, en lo que se refiere a esta causa concreta, el magistrado parece no tener dudas.

Origen del conflicto

En principio, es de suponer que la Fiscalía se pronunciará de oficio sobre la cuestión, del mismo modo que lo hará, a requerimiento del propio Pedraz y de otros tres magistrados, sobre una docena de casos. Los jueces se están negando a aplicar sin miramientos la polémica norma, que entró en vigor el pasado sábado y que fundamentalmente restringe el principio de justicia universal a la persecución de delitos de lesa humanidad o genocidio cometidos por españoles o extranjeros residentes en España y cuya extradición hubiera sido denegada.

A Pablo Ruz, Eloy Velasco y Pedraz se sumó ayer el juez Ismael Moreno. También él optó por extremar las garantías jurídicas y preguntar a las partes sobre el archivo de las dos causas que tiene abiertas contra China por el genocidio del Tíbet y las torturas sufridas por el movimiento Falun Gong. Fue precisamente la tensión diplomática generada por el primero de estos casos, en el que Velasco ordenó la busca y captura de los expresidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao, lo que alentó la reforma gubernamental, a la que se aplicó el trámite de urgencia.

No es descartable que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie a favor de mantener abiertos algunos de estos casos porque ya mostró su malestar por la iniciativa legislativa ante la Fiscalía General del Estado. Podría pues alentar a los magistrados a plantear la citada cuestión de inconstitucionalidad.

Nadie, en todo caso, ha ido tan lejos como el exjuez Baltasar Garzón, que no sólo animó a la rebelión judicial sino que aseguró, durante un seminario organizado por IU en el Congreso, que los diputados del PP podrían ser llevados a los tribunales por usurpar competencias de los jueces, algo, dijo, que castiga el Código Penal. «No tiene por qué salir esto gratis», remarcó.