Begoña Gómez logró que Telefónica financiara su cátedra a través de Rosauro Varo

Según ha explicado al juez Juan Carlos Peinado el compareciente, Nicolás Oriol, Gómez contactó con Rosauro Varo, empresario y vicepresidente de Telefónica Audiovisual Digital, para solicitarle dicha financiación para su programa sobre Transformación Social Competitiva. Ambos se reunieron en la sede de la compañía en La Tablas (Madrid). Hubo, al menos, tres reuniones de Gómez con Varo y otros representantes de la empresa entre el 13 de diciembre y el 13 de enero de 2021. En una de ellas habría estado presente Gonzalo Martín-Villa, entonces consejero delegado de Telefónica Tech.

Los encuentros fructificaron y Telefónica, al igual que hicieron Indra o Google, comenzaron a financiar con 55.000 euros el programa de estudios y el polémico soporte digital que está bajo investigación. No fue un dinero en metálico sino en mano de obra; en concreto, destinó a tres personas al desarrollo del software que acompañaba el proyecto. También se ha sabido que el entonces CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, recientemente cesado por el Consejo de Administración del grupo, pasó a saludar por cortesía en una de las reuniones, según han señalado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Este testimonio de Nicolás Oriol coincide con el de otros testigos que han detallado al magistrado Peinado cómo la esposa del presidente del Gobierno se implicó en la captación de fondos para su proyecto de liderazgo social. A Varo, según Oriol, lo conoció cuando el empresario era consejero delegado de Prisa. Al consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, según su testimonio, le contactó a través de terceras personas, concretamente un corredor de seguros. El mismo itinerario siguió con el subdirector de la Fundación la Caixa, Marc Simó, con la salvedad de que los contactos con la entidad ya estaban trazados desde 2018 tras un encuentro sobre pobreza infantil.

Aunque estaba previsto que este miércoles también declararan como testigos los representantes legales de Google Spain, Indra y la compañía informática Arsys Internet, finalmente no se han celebrado por problemas técnicos para llevar a cabo la videoconferencia. En el caso de Indra, el juez consideró que el representante legal que acudió no era el que tenía que comparecer. En el sumario de la causa consta que Indra informó a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el software de la cátedra. Por su parte, esta misma semana ha trascendido que Google ha comunicado al juzgado que lo financió con 110.000 euros.

Otra declaración que no se ha podido celebrar este miércoles, por un error en la citación, es la de Elvira Sánchez Trompeta, quien fuera jefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid cuando se aprobó un contrato con una empresa de Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa. En cambio, sí han declarado este miércoles quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.

Cabe recordar que ambos excargos de la Complutense ya comparecieron con anterioridad. El pasado julio declararon que no tenían competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software desarrollado en el marco de dicha cátedra. Ambos han ratificado sus declaraciones.

Las citaciones han tenido lugar después de que el pasado octubre el juez ampliara la investigación contra Begoña Gómez para indagar en la querella que presentó la asociación pro vida Hazte Oír por presunta apropiación indebida y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho programa.

La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, defendió por escrito que si la esposa de Pedro Sánchez había firmado el pliego fue "porque la UCM así se lo indicó expresamente". El abogado también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron "cómo debía registrar" el dominio de Internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".