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CATALANES, FRANCO HA MUERTO

La Semana Política ·

En Podemos están dedicados a hacerle el boca a boca a Franco, a ver si resucita al menos en la mente de los incautos. Juegan al juego de cuanto peor mejor. A ver si conseguimos que el Estado democrático estalle

Manuela Martín

Badajoz

Domingo, 5 de noviembre 2017

Durante años los españoles hemos hecho bromas y chistes con la aparición de Carlos Arias Navarro en televisión para anunciarnos la muerte del dictador. ‘Españoles, Franco ha muerto’, gimoteaba en blanco y negro el jefe de Gobierno.

El próximo 20 de noviembre va a hacer 42 años, media vida, más tiempo del que Franco mandó en España. Tanto, que hasta hace nada a la mayoría de los jóvenes les preguntabas quién era Franco y te replicaban que quién era ese. Y si intentabas explicarles algo de Historia te callaban diciendo: ‘Anda mamá, no me cuentes batallitas’.

Bueno, esto sucedía hasta hace unas semanas cuando, al calor del desafío independentista, nos hemos encontrado con partidos y hasta periodistas que se empeñan en decirnos que Franco y el franquismo no han muerto; que Franco y el franquismo se han reencarnado en el artículo 155 de la Constitución y en la juez Lamela.

Y yo por ahí no paso. Y creo que no deberíamos pasar todos los demócratas españoles. Los que lucharon contra el franquismo y los que no; los viejos como Paco Frutos o Nicolás Sartorius que sufrieron la represión de la dictadura y los jóvenes que se han encontrado la democracia servida en bandeja. Creo que no deberíamos permitirlo porque con la falsificación de la Historia, con la equiparación de las actuaciones políticas y judiciales que se están aplicando en Cataluña al franquismo se nos quiere robar la democracia y el Estado de Derecho que tanto costó alumbrar en España.

Criticar a los jueces

Por supuesto que se pueden criticar las decisiones de los políticos y de los jueces. Se puede decir que el artículo 155 es más o menos acertado; o que la magistrada Lamela podría haber continuado con el proceso sin dictar prisión preventiva para los investigados.

Faltaría más que no pudiéramos hacerlo. Lo que resulta deshonesto y ventajista es tachar esas medidas de ilegítimas o directamente ilegales. El artículo 155 está en la Constitución. La magistrada Lamela ha aplicado la ley al encarcelar a los exconsejeros catalanes. Nos puede gustar más o menos la decisión; podemos incluso pensar que a la postre va a perjudicar a los partidos constitucionalistas. Pero si creemos en la separación de poderes deberíamos respetar la decisión y no propagar la especie de que se debe a que en España se está produciendo una involución política que nos lleva de cabeza al franquismo.

La maniobra repetida una y otra vez en estas semanas por los independentistas de reclamar que se cumpla la ley cuando les interesa, y que se haga la vista gorda cuando les perjudica es abrasadora para un país democrático. Y es lamentable que un partido que se reclama de izquierdas como Podemos participe de la misma estrategia: no ya dando cobertura a un independentismo supremacista e insolidario sino tratando de minar el Estado de Derecho deslegitimando un parlamento y una justicia que son homologables a cualquier país democrático. Quizá lo más triste es que los líderes de Podemos saben que en España hay democracia.

Ahora están dedicados a hacerle el boca a boca a Franco, a ver si resucita al menos en la mente de los incautos. Lo saben, pero juegan a un juego muy peligroso: al juego de cuanto peor mejor. A ver si conseguimos que el Estado democrático estalle y nos hacemos con el poder.

Es la misma actitud de diputados independentistas como Lluis Llach, que el jueves pedía que las protestas sean tan grandes como para lograr que la prima de riesgo española suba. Seguro que Lluis Llach tiene dinero suficiente como para no tener ningún problema si se desata una grave crisis económica. Si el barco se hunde no será él el perjudicado. Serán otros quienes pierdan sus puestos de trabajo gracias al delirio de tantos iluminados.

Si el franquismo estuviera vivo, Llach y todos los que critican las decisiones de los jueces, del Gobierno y del Senado serían perseguidos y probablemente encarcelados. La prueba evidente de que vivimos en un estado de derecho y no en una dictadura es que lo hacen libremente y no les pasa nada.

Algunos, como los diputados y senadores independentistas, incluso siguen cobrando sus sueldos del Congreso y el Senado mientras agitan el espantajo de que el franquismo ha vuelto y hay que salir a las calles a luchar contra él. Hay que encender al pueblo, que los catalanes no sepan que Franco ha muerto.

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