El Gobierno saca adelante la quita de la deuda pese al plante de todas las comunidades del PP

Apenas había transcurrido media hora del comienzo de la reunión cuando los representantes de las doce regiones en las que gobierna el primer partido de la oposición, incluido el consejero canario (donde los populares están en coalición), y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se levantaron de la mesa y abandonaron en bloque la sala. Ni siquiera llegaron a hablar de la controvertida quita ni de otro de los puntos incluidos por Montero en el orden del día, ya publicado en el BOE, el reparto de la recaudación del nuevo impuesto a la banca.

«No creemos que sea la forma de proceder en este foro en el que queremos trabajar de forma cooperativa –esgrimió el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, elegido justo este miércoles vicepresidente del Consejo–. Nos estamos encontrando con acuerdos que se toman en otros foros y se nos traen aquí para ratificar y para que seamos una comparsa; no vamos a aceptar trágalas».

El efecto práctico de la actuación, concertada previamente con la dirección del PP, es nulo. El Gobierno contaba hoy con fuerza suficiente para sacar adelante la iniciativa sin el concurso de las autonomías populares porque su voto en el CPFF vale un 50%  y, además del apoyo de Cataluña, contaba también con el respaldo de las otras comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha. Navarra, con sistema de financiación propio, solo asistía a la reunión como oyente.

En realidad, es precisamente el hecho de que su posición fuera inane lo que facilitó a Alberto Núñez Feijóo que nadie rompiera filas Para el PP como partido es relativamente fácil oponerse a una operación que supone que el Estado asuma hasta 83.000 millones de euros de deuda autonómica ( 17.000 millones de ellos de Cataluña). Su argumento es que para el ciudadano que el pasivo cambie de manos no supone beneficio alguno porque  lo que no pague a través de sus impuestos como andaluz, madrileño o catalán lo tendrá que pagar como español y, en algunos casos, en mayor cuatía. Pero para las administraciones renunciar a un alivio financiero de esa índole es más difícil.

El Gobierno lleva días vaticinando que si la propuesta sale finalmente adelante –para lo que es necesario aprobar una ley orgánica que, según sus propios cálculos, no llegará al Congreso hasta final de año– no habrá ni una sola autonomía del PP que no pida acogerse a ella.Y lo cierto es que este miércoles casi ninguno de los consejeros que participó en el plante, salvo el balear, negó, a preguntas de los periodistas, que así vaya a ser. 

Montero ironizó, de hecho, con que al irse de la reunión los populares optaron de facto por una abstención para evitar el sonrojo de reclamar dentro de unos meses una ayuda rechazada en el órgano de cooperación territorial. Es más, fuentes gubernamentales, remarcan que si de verdad hubieran querido tumbar la iniciativa, en lugar de irse una vez constituido el cónclave, los consejeros populares habrían renunciado a asistir a la convocatoria para evitar que hubiera el    quórum requerido para votar.

La vicepresidenta, que compareció al final del encuentro, acusó a los representantes del PPde «falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad» y les recriminó que se plieguen con «cobardía» a las estrategias de un Feijóo instalado, arguyó, en el «no a todo». «Los políticos tienen que representar a aquellos que los han votado y solo a través del diálogo, de la propuesta, tendremos ocasión de llegar a puntos de encuentro que nos permitan seguir avanzando», dijo. 

En un intento de rebatir todos los reproches vertidos en la escalera del Ministerio por los consejeros de su partido rival –con especial protagonismo del gallego; de la andaluza, Carolina España, y de la madrileña, Rocío Albert– la ministra de Hacienda alegó que no hace tanto que eran los mismos gobiernos que ahora la rechazan los que pedían una quita, que el 72% de la deuda condonada corresponderá a Ejecutivos del PP o que esta iniciativa no pretende sustituir a la reforma del sistema de financiación pendiente.   

Precisamente, los consejeros de lPP alegan que sin un cambio del modelo la quita es un mero parche y que entre tanto debería crearse un mecanismo de nivelación para las infrafinanciadas. Montero replica que si ni siquiera todos los ejecutivos populares pueden ponese de acuerdo en qué reforma quieren, plantear una porpuesta es un esfeurzo baldío. Y reprochó a Feijóo que no se siente con Pedro Sánchez para consensuarla.