El pseudosindicato Manos Limpias no desaprovecha la oportunidad de judicializar cualquier asunto que salpique al Gobierno, al entorno del presidente Pedro Sánchez o a antiguos ... dirigentes socialistas como José Luis Ábalos. El colectivo presidido por Miguel Bernad, que ejerce como acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid contra Jésica Rodríguez, la mujer con la que el actual diputado del Grupo Mixto mantuvo una relación íntima entre octubre de 2018 y noviembre de 2019.
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Rodríguez, que declaró el pasado jueves como testigo ante el juez instructor Leopoldo Puente, admitió que cobró durante dos años y medio de las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Ello pese a no haber asistido ni un sólo día a su puesto de trabajo y de no haber realizado ninguna labor. La compareciente señaló que fue Ábalos quien la instó a trabajar, consiguiendo los puestos en ambas compañías, «imagina», gracias a la mediación de Koldo García, asesor del entonces ministro, y de su hermano Joseba García, que trabajaba en Ineco, dependiente de Transportes.
Manos Limpias considera que la mujer pudo incurrir en un delito contra la Administración Pública del artículo 406 del Código Penal. Este ilícito prevé multas para quienes acepten su nombramiento, por parte de un funcionario, a sabiendas éste de que no se cumplen los requisitos legales para que la persona elegida acceda al puesto.
El pseudosindicato también dirige su denuncia contra los directores de Recursos Humanos de las empresas públicas, a quienes no identifica, por los presuntos delitos de nombramientos ilegales, malversación de caudales públicos y contra el derecho de los trabajadores. Incluye también en el escrito a Koldo y Joseba García como «cooperadores necesarios» de los delitos que pudieran cometer los funcionarios públicos de ambas empresas.
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Jésica Rodríguez relató ante el magistrado que cobró el salario mínimo interprofesional entre 2019 y 2021, cuando estuvo contratada en Ineco sin ni siquiera saber si se trataba de una empresa pública y el mismo sueldo cuando trabajó en Tragsatec durante seis meses, entre marzo y septiembre de 2021. Reconoció también haber vivido durante dos años en un piso en la Plaza de España de Madrid con un alquiler de 2.700 euros mensuales que no costeó, sino que lo abonaba un socio de Víctor de Aldama, el empresario investigado por pagar presuntas comisiones y otras dádivas a cambio de conseguir contratos públicos para las empresas a las que representaba.
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