El Gobierno pacta con Junts la reforma para un polémico reparto de menores inmigrantes

El Gobierno sostiene que no hay agravio alguno y tiene de su lado al presidente canario, Fernando Clavijo, que gobierna en coalición con el PP y, tras meses en situación crítica, con en torno a 6.000 menores hacinados en las Islas, recibió la noticia como «un triunfo». El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, habló de «hito histórico» y defendió, en su rueda de prensa en la Moncloa, que la modificación legal, que se llevará al Congreso como real decreto ley para su convalidación inmediata, es «justa» y «equilibrada». El ministro hizo además un llamamiento al principal partido de la oposición para que, a diferencia de lo que ocurrió en julio del año pasado, cuando también Junts se opuso a un cambio legislativo similar, vote ahora favor.

Pero los populares no solo no tienen intención de apoyar el texto -terminado de perfilar en la noche del lunes, dos semanas después del acuerdo con la formación de Carles Puigdemont para la polémica delegación de competencias migratorias a la Generalitat- sino que en algunos casos, como el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, ya han anunciado su intención de llevarlo a los tribunales.

Aunque Torres insistió en que es pronto para avanzar cuántos menores deberá acoger cada autonomía, sí confirmó que, siempre y cuando la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que están representadas todas las comunidades, no llegue a un acuerdo distinto «por unanimidad» -la única vía que se ofrece al PP- se tendrán en cuenta tanto el número de menores que se han acogido en los últimos seis meses como el esfuerzo realizado en los últimos años. A eso hay que sumar, claro está, la población de la comunidad autónoma y su dispersión (los factors que más ponderarán), la renta per cápita, la tasa de desempleo y cuestiones como la insularidad o si el territorio es frontera.

Este criterio es clave para que Junts pueda vender la norma como un éxito. Según los datos no definitivos, pero con los que el Ministerio de Juventud e Infancia ha estado trabajando, España debería contar por población con 23.600 plazas para menores en desamparo y tiene en torno a 19.000. Con el principio manejado de que debería haber una plaza por cada 2.500 habitantes, solo Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla superarían la ratio. El resto, en su mayoría gobernadas por el PP, estarían muy por debajo. Madrid, por ejemplo, tendría que crear más de mil plazas, Andalucía más de 800 y la Comunidad Valenciana, más de 700.

El Gobierno, en todo caso, da ahora a las autonomías hasta el 31 de marzo para que certifiquen cuántos menores tienen a día de hoy acogidos a fin de hacer unos cálculos más precisos tanto del reparto como, y ahí se abre otro punto de fricción, de su financiación. En el tiempo que estuvo negociando, antes de levantarse de la mesa el pasado octubre, el PP reclamaba que el Estado asuma el coste de las plazas extra que tenga que asumir cuando su red de acogida esté al 100%. Pero no será así.

El fondo de Hacienda para este año estará dotado de 100 millones de euros y financiará solo las plazas que ocupen los menores derivados de otras comunidades que superen la «capacidad ordinaria» estipulada para la autonomía en cuestión. Es decir, si Madrid tuviera que acoger 800 menores, por ejemplo, lo tendría que hacer contra su presupuesto porque no llega al número de plazas que debería tener.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, argumentó que su acuerdo corrige una «desigualdad histórica» porque, mientras Cataluña ha hecho siempre un esfuerzo «gigante», «otros» han mirado «hacia otro lado». El Gobierno vasco también lo calificó de «noticia positiva» pero avisó de que echa en falta una mención a la frontera norte.