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RAMÓN GORRIARÁN
MADRID.
Domingo, 27 de mayo 2018, 11:17
Para los 16 que posaban en las escalinatas de la Moncloa aquel 12 de julio de 2002 era inimaginable que 16 años después casi todos iban a estar salpicados de una u otra forma por casos de corrupción. Era el penúltimo Gobierno de José María Aznar en la legislatura de la mayoría absoluta. Unos tiempos en los que Luis Bárcenas era el guardián de la caja B del PP y manejaba con discreción dádivas y sobresueldos. Unos tiempos en los que Francisco Correa campaba por la sede nacional del PP. Unos tiempos en los que la impunidad parecía asegurada.
Trece de los quince miembros de aquel Consejo de Ministros se han visto implicados en investigaciones de corrupción. Solo los titulares de Sanidad y Ciencia y Tecnología, Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso, y Josep Piqué, salen indemnes. Claro que entre los afectados la gradación es muy distinta. Poco o nada tienen que ver los 6.000 y 9.000 euros que cobraron Ana Palacio y Pilar del Castillo, ministras de Exteriores y Educación, según recogió Bárcenas en sus papeles, con los casos de Rodrigo Rato (Economía), Jaume Matas (Medio Ambiente) y Eduardo Zaplana (Trabajo), y que todo apunta a que serán carne de prisión.
El PP con Aznar obtuvo una rotunda mayoría absoluta en el 2000. Gobernaba casi todas las administraciones autonómicas y su poderío municipal era aplastante. En el partido se habían consolidado las costumbres de las etapas de Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís, seguidas después por Álvaro Lapuerta y Bárcenas, de las gratificaciones por debajo de la mesa a los principales dirigentes. Todo viene reflejado en los papeles del penúltimo extesorero, una causa que irá a juicio en los próximos meses y motivará otra procesión de líderes del PP por los tribunales para declarar, en principio, como testigos.
De los sobresueldos se benefició, de acuerdo a lo detallado en esos documentos que el tribunal considera veraces, Mariano Rajoy -1,5 millones de euros entre 1990 y 2011, es decir que cobró siendo miembro del Gobierno entre 1996 y 2004, una práctica ilegal-. El hoy presidente del Gobierno niega lo último y sostiene que declaró a Hacienda las gratificaciones percibidas en la oposición. También cobraron en ese mismo periodo Rato (más de 200.000 euros), Javier Arenas (1,1 millones), Francisco Álvarez Cascos (321.000), Ángel Acebes (un millón), Federico Trillo (más de 180.000), Miguel Arias Cañete (318.000), Matas (8.400) y Cristóbal Montoro (casi 300.000), además de las ministras Palacio y Del Castillo.
José María Michavila (Justicia) tuvo que dejar su escaño en 2009 y un año después abandonó el bufete de abogados en que trabajaba tras verse salpicado por el 'caso Gürtel', ya que su despacho jurídico en el que estaba daba asesoría legal a ayuntamientos regidos por el PP envueltos en la trama.
Zaplana no fue receptor de los sobresueldos, pero de acuerdo a la jueza de instrucción número 8 de Valencia mientras fue presidente de la Generalitat valenciana (1995-2002) cobró comisiones por encima de los diez millones por adjudicaciones de parques eólicos y estaciones de ITV. La juez ordenó el jueves su ingreso en prisión y le achaca los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita, grupo criminal y delito fiscal.
Rato también tiene su historial de negocios investigados por los jueces. Fue condenado en febrero a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el 'caso de las tarjetas black'. El fiscal pide otros cinco por el fraude en las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia, causa en la que también está inmerso el exministro del Interior Ángel Acebes.
El que fuera «mejor ministro de Economía de España», según Aznar y el exbanquero Emilio Botín, y también exdirector gerente del FMI tiene pendiente otra causa sobre el origen ilícito de una parte de su patrimonio inmobiliario en la que está acusado de haber defraudado a Hacienda 5,4 millones de euros.
Matas tiene el horizonte judicial más oscuro con la gigantesca causa de Palma Arena, la construcción de un velódromo en la capital balear con un sobrecoste mayúsculo, compuesta por 26 piezas y está imputado en casi todas. La más notoria es el 'caso Nóos', en la que ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación y malversación. Ya pasó nueve meses en la cárcel por tráfico de influencias en otra pieza de la misma causa.
Arias Cañete, hoy comisario europeo de Energía, además de los sobresueldos, es investigado por su papel en el caso de corrupción de la empresa pública Acuamed, una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones a constructoras.
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