
Las aguas bajan revueltas en Ciudadanos. A dos meses de que los liberales designen a su líder, la destitución de dos de las voces críticas con la dirección ha sacudido la vida interna del partido. La gestora acordó, pese a su interinidad, cesar como portavoces autonómicos al asturiano Ignacio Prendes y a la castellano-manchega Orlena de Miguel con el pretexto de que no ostentan cargo institucional alguno. La decisión provocó una cascada de renuncias orgánicas entre los responsables regionales y provinciales como señal de protesta. Entre ellas, la del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que dejó su puesto como secretario regional de Programas.
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El barón díscolo de Ciudadanos, que en un principio anunció su apoyo a Inés Arrimadas, sopesa ahora dar la batalla en las primarias de marzo si esta no cambia el actual modelo de partido. «Si su modelo es este, nos presentaremos para presentar otro», aseveró este miércoles Igea en una entrevista en la cadena Ser.
El dirigente autonómico nunca se ha mordido la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre las decisiones de la cúpula naranja. Acusó de «pucherazo» a la dirección cuando se presentó a las primarias de Castilla y León, votó en contra del veto a Pedro Sánchez y ahora le duele la deriva que está llevando la formación.
Igea defiende que para «resolver la crisis» que atraviesa Ciudadanos desde el 10-N debe haber un debate profundo. Reclama acabar con el centralismo de la etapa de Rivera y que sean los afiliados quienes elijan a sus líderes regionales. Así se lo trasladará a la propia Arrimadas, que desde que es aspirante a liderar el partido se ha desmarcado de la gestora, en una reunión que confía en cerrar en los «próximos días».
Ante el malestar generado, el presidente de la gestora, Manuel García Bofill, justificó los ceses de los portavoces por la necesidad de adaptar, de cara al cónclave, las estructuras de los comités regionales amparándose en los estatutos. Sin embargo, el artículo 23 de los estatutos que se refiere a los comités autonómicos no dice expresamente que para ser portavoz haya que tener un cargo orgánico o institucional como arguye Bofill.
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