Llegó el día

La madurez de que, pese a todo, ha hecho gala este país y la buena preparación de nuestras fuerzas de seguridad permiten afrontar la delicada jornada de hoy sin alarmismo, ya que es de suponer que el despliegue preventivo desarrollado por el Estado, con la consiguiente imposibilidad de llevar a cabo un verdadero referéndum, convertirá la escenificación en un simple gesto emotivo, todavía más irrelevante que el del 9-N, aunque probablemente las secuelas jurídicas serán esta vez más cruentas ya que importantes sectores institucionales de Cataluña han cometido infracciones notorias que un estado de derecho no puede remitir alegremente al olvido. Ayer las organizaciones sociales que han participado en la organización de la consulta fallida rebajaban singularmente las expectativas, lo que enfría el temible desenlace de este reto al Estado cargado de tensión. Lo más descorazonador es que, dada la inutilidad del alarde soberanista, el conflicto permanece lógicamente intacto, si acaso todavía más caldeado por el desarrollo tenso de una jornada en que la épica se ha desvanecido para dejar paso a la frustración. Y las soluciones siguen siendo sin embargo las mismas: la democracia, de la que nadie querrá abdicar a pesar de los intensos chirridos que lo han enmarañado todo, se caracteriza por la renuncia a la violencia y por la superación de los diferendos mediante el diálogo y la negociación. En un marco de juego –y aquí ha fallado el aparato soberanista– previamente establecido por consenso de todas las partes. Es decir, la democracia avanzada funciona si se respeta el previo pacto social, que ha requerido al menos una vez, en el origen, la unanimidad, que debe respetarse. El punto de partida de esta nueva etapa que ha de abrirse está por añadidura cargado de prejuicios. El Gobierno de la nación ha manifestado estas últimas horas que ya no reconoce a Puigdemont ni a Junqueras como interlocutores válidos en una hipotética negociación. Y las dos formaciones nacionalistas democráticas, el PDeCAT y ERC, insisten en que se ha llegado a este punto porque el Ejecutivo español siempre se ha negado a negociar. En cualquier caso, es patente que no será fácil encontrar ahora a los interlocutores idóneos que, primero, trabajen para rebajar la crispación, de forma que se pueda, después, arbitrar una solución política que, a estas alturas, parece que solo puede ser una revisión prudente pero audaz del modelo de organización territorial. Y todo ello deberá encauzarse mientras el sistema judicial arbitra de la manera más racional posible el desenlace penal de toda la sinrazón reciente, que no ha de quedar impune pero tampoco ha de convertirse en obstáculo insalvable.

Es previsible que el PDeCAT y ERC comprendan de inmediato la necesidad de convocar elecciones autonómicas que deberían tener lugar cuanto antes y que representarán una saludable renovación de los actores, ya que parecen inevitables algunas inhabilitaciones. La llamada a las urnas, que reconocerá por enésima vez el genuino ‘derecho a decidir’ de los ciudadanos de Cataluña, facilitará probablemente el buen fin de tales negociaciones, que en Madrid debe ser urgidas por los tres partidos constitucionalistas. Pero es muy importante afrontar este nuevo proceso con claridad para evitar nuevos equívocos: ni estas elecciones regionales ni cualesquiera otras del mismo rango pueden ser ‘plebiscitarias’. La soberanía nacional sigue sin estar en juego y los parlamentos autonómicos tienen las competencias limitadas que la Constitución y el correspondiente estatuto de autonomía les reconocen. Y el statu quo que se consiga al término de este delirante golpe de mano ha de valer para cualquier equilibrio parlamentario. Los episodios que venimos de vivir deben provocar una evolución reformista del sistema pero, a su término, han de dejar un clima de pacífica convivencia y de confianza reencontrada y renovada.