La mutación del 'caso Begoña' un año después

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Domingo, 13 de abril 2025, 00:02 | Actualizado 07:45h.

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Fue el 16 de abril de 2024, aunque nadie, ni siquiera Begoña Gómez, se enteró hasta una semana después. El juez Juan Carlos Peinado abrió ese día unas diligencias previas que durante el último año han convulsionado la política española con episodios sin precedentes como el de ver a un presidente retirarse cinco días para reflexionar sobre si seguir o no en su puesto; o contemplar como ese mismo presidente –Pedro Sánchez– se convertía en el primer jefe del Ejecutivo en tener que declarar en La Moncloa por las acusaciones de corrupción contra su esposa.

Doce meses en los que las diligencias previas 1.146/2024 se han ido transformando, con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid, hasta convertirse en una investigación bien distinta de la iniciada la pasada primavera tras una denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias. Una querella basada en informaciones periodísticas y a la que al principio nadie, más allá de Peinado, concedió demasiado recorrido.

De aquella investigación original no queda casi nada. Ni los hechos bajo la lupa son los mismos que al principio ni los protagonistas de este caso son los que al inicio se señalaron. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid abrió causa en abril de 2024 en principio exclusivamente contra Begoña Gómez y por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y solo por dos hechos: su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y el rescate de Air Europa.

La primera pata en la que Peinado apoyó su naciente investigación fueron adjudicaciones por valor de 10,6 millones de euros que Barrabés, el amigo y colega académico de la mujer de Sánchez, recibió de la Administración central, después de que Gómez escribiera dos cartas de recomendación a favor de este empresario, el cual le ayudó a montar la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense. Pero el juez, que acabaría por imputar también a Barrabés, tuvo que abandonar la investigación sobre las supuestas adjudicaciones irregulares, después de que el pasado 10 de junio la Fiscalía Europea reclamara esa parte del procedimiento, argumentando que involucraba fondos comunitarios.

Para ese momento solo le quedaba 'viva' la pata del rescate de Air Europa. Pero la Audiencia de Madrid, cuando avaló en mayo su investigación frente a los ataques de la imputada y la Fiscalía, ya había advertido al instructor de que no veía indicios de delito en el desembolso de 475 millones para salvar a la aerolínea en plena pandemia por muchos vínculos que los responsables de Globalia tuvieran con Gómez. Vínculos que ahora han vuelto a la actualidad tras el último auto de la UCO para el Supremo por la 'trama Koldo-Ábalos'.

Fue entonces, con la llegada del verano, cuando el caso subió de temperatura y comenzó a discurrir por nuevos derroteros a la par que aumentaba su voltaje político. La confesión del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, de que el origen de la creación exprés en plena pandemia de la cátedra extraordinaria se decidió después de que el propio responsable académico fuera llamado a La Moncloa por Gómez, puso el foco en la carrera académica de la esposa de Sánchez.

Y la bola fue creciendo con la canícula y los interrogatorios de la imputada y del presidente como testigo y en Moncloa el 22 de julio. La Abogacía del Estado –en nombre del jefe del Gobierno–, la Fiscalía y la propia de Gómez emprendieron de forma coordinada una ofensiva legal contra Peinado (llegándole acusar de prevaricación) ante el Tribunal Superior de Madrid y, de nuevo, ante la Audiencia Provincial. Pero el uso de esta artillería pesada no solo quedó en nada, sino que acabó siendo contraproducente porque las dos instancias acabaron arroparon a Peinado.

Con ese espaldarazo y la controvertida cátedra sometida a escrutinio, los medios revelaron que la mujer de Sánchez había explotado supuestamente a favor de su empresa el 'software' de la universidad que para esa cátedra habían diseñado gratuitamente Google, Indra y Telefónica. Una oportuna ampliación de demanda por parte de la asociación ultraconservadora Hazte Oír abrió la puerta a que Peinado ampliara los cargos contra Gómez a apropiación indebida e intrusismo profesional.

El curso de la investigación daría más munición al magistrado incluso para una tercera nueva línea de investigación. Los mails aportados a la causa a final de 2024, incluidos los correos entregados por Gómez para exculparse, revelaron que la directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, en realidad se dedicaba a gestionar el día a día de la cátedra de la mujer de Sánchez.

Tras imputar a esta asesora en febrero, Peinado puso la guinda a la transformación del sumario al abrir una pieza separada para indagar si Presidencia malversó fondos públicos al destinar a Álvarez a funciones privadas.