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El Tribunal Constitucional (TC) no ha llegado a un acuerdo en el debate abierto ayer, y que tuvo continuidad este miércoles, sobre la decisión del ... tribunal que juzgó los ERE fraudulentos de consultar a la Justicia europea sobre la ejecución de la sentencia que anuló las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros.
El estudio del asunto fue planteado por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, quien cuestionó que la Audiencia Provincial de Sevilla pudiera acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para desoír las sentencias de los ERE dictadas por la corte de garantías, dada la división interna existente, pese a lo cual no ha dado por zanjada la «reflexión».
Según ha informado fuentes jurídicas, «la reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución. Por tanto, el debate sigue abierto entre las preocupaciones del tribunal. No se ha adoptado decisión alguna». El motivo son las diferencias entre los magistrados sobre la pretensión de Conde-Pumpido de examinar este «inusual» asunto (nunca antes se había planteado dudas sobre la ejecución de una sentencia firme) y tomar una decisión, pese a que cinco informes internos de los letrados dejaron claro que no se puede impedir que un órgano jurisdiccional pregunte a la Justicia europea.
La polémica se desató después de que la Audiencia de Sevilla anunciara en una providencia, donde pedía opinión a las partes, su disposición a formular una cuestión prejudicial al considerar que el TC se ha «extralimitado» por la «interpretación alternativa» que hizo de los delitos de prevaricación y malversación que permitieron borrar las condenas, entre otros, a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Durante la reunión del pasado 24 de marzo, Conde-Pumpido trasladó a sus compañeros sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles pudieran acudir a la corte de Luxemburgo para cuestionar las sentencias del Constitucional, y lo hizo aludiendo a un caso analizado también por el Tribunal Superior de Madrid sobre el mercado de las licencias de los vehículos de transporte de pasajeros VTC.
Las posiciones fluctuaron desde quienes consideraron incuestionable, «de primero de derecho UE», que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación de las normas comunitarias al caso que tienen entre manos, hasta quienes abogaron por defender la ley orgánica del TC en la ejecución de sus sentencias.
El propio Conde-Pumpido lo verbalizó en un desayuno informativo celebrado el pasado lunes en el Ateneo de Madrid. Entonces, aclaró que la corte no impediría ninguna pregunta al TJUE, si bien defendió que «tiene la obligación de reflexionar» sobre un «asunto novedoso». Si el TJUE admite a trámite las consultas del TSJM y de la Audiencia de Sevilla, el TC acudirá al «diálogo entre tribunales» para resolver el «conflicto». En este punto, el presidente recordó que el artículo cuatro del Tratado de la UE establece que, si bien el derecho comunitario tiene primacía, se deben respetar también los principios inherentes a la identidad de los tribunales constitucionales.
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