El Gobierno escenifica en directo su choque por la carga fiscal impuesta al salario mínimo

La bronca llevaba ya días larvándose y las diferencias entre la visión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo eran públicas. Pero fue ayer, minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara el incremento de un 4,4% del SMI, cuando los socialistas confirmaro su decisión. Sentada en la mesa en la que cada martes el Gobierno da traslado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, la máxima representante de Sumar en el Ejecutivo dio rienda suelta a su malestar y, tras afirmar que ni ella ni nadie de su espacio politico había sido informado previamente, anunció que cualquier iniciativa que se presente en el Congreso contra esa carga fiscal contará con su «anuencia».

Sumar fue el primero en anunciar que daría el paso. Pero Podemos y el PP le adelantaron por la izquierda y la derecha. La formación de Ione Belarra registró una proposición de ley para que no se practiquen retenciones por rendimientos del trabajo a quienes perciban, en cómputo anual, el SMI. Y, yendo más allá, el PP presentó otra para elevar los límites en la obligación de declarar y que afectaría a un mayor número de personas.

Aunque legalmente el Gobierno puede vetar el debate de todos esos textos, la presión política será fuerte. EH Bildu se alineó ayer con Díaz. Y también el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, es partidario de que se haga el ajuste. Pero, de momento, Montero no da su brazo a torcer. Ayer, la vicepresidenta primera, que inicialmente tenía previsto acudir al Congreso a última hora de la tarde, no se puso a tiro de micrófono. Tuvo que ser la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien, incómoda con la intervención de Díaz, a su lado en la habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros, le diera respuesta.

Los socialistas alegan que, desde que llegaron al Gobierno, el SMI ha subido un 61%, que la masa de trabajadores que lo percibe alcanza los 2,4 millones y que ahora toca hacer pedagogía y explicar para qué se pagan impuestos. «Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso», defendió la también ministra de Educación. Arguyó además que quienes ahora puedan sufrir una retención (que según los cálculos de Hacienda será el 20% y no todos los que cobran el salario mínimo) pagarán mucho menos de lo que habrían pagado si siguiera vigente el esquema del PP.

En privado, el socio mayoritario del Gobierno reconoce aun así que, por limitada que sea la recaudación, la necesita porque ayudará a compensar los destrozos que la negociación parlamentaria hizo en su reforma fiscal. Entre otras cosas, Junts y el PNV se llevaron por delante el gravamen a las energéticas y el impuesto al diésel se retrasó 'sine die'

Pero a Díaz, que además pelea por volver a ganarse el favor de su electorado, los argumentos no le convencen y quiere que se sepa, como ya hizo cuando sacó a la luz, a juicio del PSOE de manera sobreactuada, sus diferencias con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de los ritmos y las condiciones de implementación de la jornada laboral de 37,5 horas. Una batalla que Pedro Sánchez le permitió ganar sabedor de que las posiciones de Cuerpo se impondrán en la negociación en el Congreso.

«Soy superpartidaria de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España -replicó la vicepresidenta segunda- y en Sumar creemos lo que hemos creído siempre, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo». «Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España y les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF», censuró.