La sombra del poder

Y veremos si no caen otras fichas como Francina Armengol, presidenta del Congreso, en este cacareado escándalo de corrupción que amenaza con ser para el PSOE un tsunami peor que la ley de amnistía. Un caso que alude a Koldo García, quien, como el Tony 'Lip' que interpretaba Viggo Mortensen en 'Green Book', empezó como chófer y guardaespaldas del exministro y terminó siendo confidente y tumba de sus secretos de Estado y desatados. El tal Koldo es investigado por el presunto cobro de mordidas al intermediar en la compra de mascarillas por, entre otros organismos públicos, el Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos y él era su más estrecho asesor. Un caso que no es lo mismo, pero es igual que el del hermanísimo de la reina castiza.

El PP califica de «política 'Torrente'» los últimos casos que pringan a los socialistas como Koldo o Tito Berni. Claro que, por muchas piedras que lancen, los populares no están libres de pecado, si bien la suya durante décadas fue más «política 'El reino'», más sofisticada, 'kaka de luxe', pero no menos apestosa.

Ábalos alega para desafiar a su otrora amado líder y retener su poltrona que quiere «defender su honor», aunque las malas lenguas del PSOE apuntan que más bien son sus honorarios, extremo que el valenciano, de vida padre, negó esta semana presentándose como un llanero solitario enfrentado a «todo el poder político, de una parte y de otra». Bien es verdad que tiene motivos para mostrarse dolido con el partido de su vida y su jefe por dejarlo en la estacada. Ábalos ha sido para Sánchez lo que Koldo para el exministro: factótum, conseguidor, chico para todo, una suerte de señor Lobo…, en fin, la sombra del poder, que acaba siendo alargada.

Ahí está el meollo de la cuestión: los partidos se han convertido en agencias de colocación que reparten canonjías y otras prebendas entre los leales aunque sean incapaces y amigos de conveniencia más que convenientes. Urden así una red clientelar que es terreno abonado para la corrupción. Así lo advierte el magistrado Joaquim Bosch, autor de 'La patria en la cartera', quien cifra en casi 100.000 los cargos de confianza o asesores que hay en las administraciones y empresas públicas españolas. «Esa cifra –alerta Bosch–no tiene equivalente, ni de lejos, en ningún país democrático y es un problema en la lucha contra la corrupción, porque no tenemos los controles internos independientes e imparciales que son esenciales para frenarla». Por ello, llama a reducir el número de puestos a dedo para disminuir así el poder de las cúpulas de los partidos a la hora de colocar a los suyos en las instituciones.

En definitiva, la privatización de la política ha provocado una privatización de la democracia. La consecuencia es que el interés general sucumbe ante el interés particular. La solución es arrebatar a los partidos el monopolio de instituciones públicas como la Justicia que deben iluminar las zonas en sombra del poder y velar por que el uso de lo público no se convierta en abuso. También urge desprivatizar los partidos para que tengamos políticos profesionales y no profesionales de la política.