El blanqueo de la corrupción

Al bloqueo crónico del Consejo General del Poder Judicial, convertido en un arma más en la algarabía continua que es la política en este país, se suman los cambios de calado en el código penal a consecuencia de la ley del solo sí es sí, la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación.

Los primeros han supuesto la rebaja de penas hasta la fecha a más de 200 agresores sexuales y la excarcelación de más de una veintena. Y suma y sigue. Los segundos han rebajado a un tercio la pena máxima a los líderes del procés, los que pusieron en jaque al Estado antes y ahora resulta que lo que hicieron fue poco más que montar un pelín de jaleo. Y los terceros parece que conllevarán una nueva cascada de rebajas en las penas a los corruptos, al menos a los que antes eran considerados así.

Lo que no se ha modificado es el principio de retroactividad benigna, lo que supone que cuando hay una colisión entre dos normas penales cuya vigencia temporal ha sido diferente, pudiéndose aplicar por tanto cualquiera de ellas al reo, debe emplearse la que le es más favorable. Así que aquí y en el resto del país, como en el caso de la reforma de los delitos de agresión sexual, con la última modificación del Gobierno cabe la revisión de condenas por el delito de malversación a los que puedan beneficiarse de la nueva redacción, que es más favorable a los que no han manejado de forma correcta el dinero público.

Como ha adelantado este periódico, los juzgados de la región revisarán en torno a una treintena de condenas por el delito de malversación tras la reforma que reduce las penas para casos en los que no se haya acreditado ánimo de lucro de los encausados o se trate simplemente de gastos mal justificados. O, lo que es lo mismo, que ahora mientras no se demuestre que el que ha manejado dinero público, se lo ha metido en su bolsillo, pues da un poco igual como haya sido el manejo, cuál ha sido su destino, sea o no correcto. O, lo que es lo mismo, que ya no es delito que los recursos públicos se desvíen a otros usos y a otros objetivos que no sean los asignados para servir al interés de la comunidad. Por ejemplo, que llegue a colectivos varios para ganar votos o en forma de contratos a empresas en las que trabajar en el futuro. Ya saben, las puertas giratorias, esas que el Gobierno dice que quiere combatir.

Relativizar esta cuestión, rebajar tanto las exigencias a quienes gestionan los recursos públicos merma, fuera de toda duda razonable, la lucha contra la corrupción y ahonda en la sensación real de que las leyes se han convertido en un suerte de moneda de cambio, a la que no contribuye su tramitación a velocidad de vértigo y muy lejos de la reflexión profunda, serenidad y consenso que requieren las reformas penales.

El blanqueo de las conductas delictivas que se está llevando a cabo no solo afecta a las pasadas. También a las futuras, porque en la reforma implantada la prescripción del delito de malversación pasa de diez a solo cinco años. Otra rebaja de trascendencia si tenemos en cuenta que el tiempo judicial va siempre por detrás del real.

El desarme de la justicia que se está propiciando desde el Gobierno, además de un deterioro de valores, que dice la RAE que eso también es corrupción, está generando una sensación de impunidad intolerable con tres reformas consecutivas que desprotegen a las víctimas, a la democracia y al patrimonio público. Incluso para una sociedad con altas dosis de amnesia, parece demasiado.