Todo cambia. A veces, a la velocidad del rayo. No nos da tiempo a asimilar determinadas situaciones cuando llegan otras y las desbancan, las convierten ... en pasado. Este torbellino vital nos ha hecho olvidar que no hace tanto tiempo, los conflictos que se generaban en la sociedad se resolvían de una forma diferente. Las disputas entre vecinos se arreglaban con un apretón de manos, los menores escuchaban y acataban lo que sus progenitores acordaban, y las familias trataban de reconciliarse bajo el paraguas del respeto a los mayores. La palabra dada tenía el peso de un contrato y los desacuerdos, por ejemplo, en el mundo de los negocios, se dilucidaban en largas conversaciones, procurando que nadie sintiera que lo perdía todo.
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Hoy, cualquier roce, cualquier malentendido, suele acabar en los tribunales. Sin darnos apenas cuenta, se ha ido judicializando la vida cotidiana y hemos caído en la trampa. El resultado obtenido ha sido el contrario al pretendido, y hemos ralentizado la justicia hasta el límite de convertirla en una «espada de Damocles», en lugar de un canal adecuado para resolver problemas.
Consciente de esta realidad, la administración competente ha exigido cambios y la respuesta viene a través de los MASC -Métodos Alternativos de Solución de Conflictos-, que verán la luz en abril. Antes de acudir a la jurisdicción civil o mercantil, será obligatorio que las partes intenten resolver sus diferencias utilizando fórmulas como la mediación, la conciliación o la negociación, recuperando el diálogo como herramienta prioritaria para la gestión de disputas. En caso de no hacerlo, sus demandas podrán ser inadmitidas. Por tanto, para llegar a un proceso judicial, tendrán que demostrar previamente que han puesto todo de su parte para cerrar un acuerdo.
Esta modificación normativa es muy potente por todas las connotaciones que implica. Es un cambio de paradigma que va a exigir que la ciudadanía se esfuerce en acercar posiciones con sus rivales y que la abogacía se ejerza de una forma diferente. No va a bastar con analizar la viabilidad de una demanda y diseñar la estrategia procesal correspondiente. Este nuevo modelo va a requerir un trabajo integral desde el inicio, que proteja los derechos e intereses de la clientela en cualquier escenario.
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No voy a negar que es un reto y que vaya a ser tarea fácil quitarse la costumbre de no mover un dedo y que decida un juez. Pero en mi opinión, se abre una etapa ilusionante, por la que ya apostábamos muchos despachos profesionales y que puede permitir, si se aplica de forma correcta, que las soluciones sean más rápidas, más personalizadas y en la mayoría de los casos, definitivas.
Evitar un procedimiento judicial puede ser una victoria porque terminar un litigio en una sala de vistas, supone un coste económico, emocional y de tiempo, que no todo el mundo soporta y gestiona bien. Además, un acuerdo satisfactorio ofrece mucho más que una sentencia: devuelve tranquilidad, seguridad y control, y eso, no tiene precio.
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