El choque de Tubasa, en diez claves

La concesionaria municipal de autobuses, Tubasa, y el Ayuntamiento andan a la gresca. Reclamaciones de cobro, concentraciones de trabajadores y auditorías externas son piezas de un puzzle que encajará el juzgado. Con estas diez claves se puede entender parte del conflicto.

Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están obligados por ley a ofrecer transporte colectivo. El gobierno concede una subvención, que para Badajoz fue de medio millón de euros en 2020. Esa cantidad no cubre el déficit del servicio.

El contrato data de 1987. En época de Manolo Rojas la ciudad adjudicó la concesión a esta empresa del Grupo Ruiz. Con el PP en el Consistorio ese contrato se ha ampliado en dos ocasiones y alcanza el límite de los 50 años. La ciudad está atada a Tubasa hasta 2037.

Ese contrato recoge el pago del déficit anual. Así que la ciudad compensa el desequilibrio que se produce entre el coste del servicio y el abono que realiza cada viajero con su billete. Cada usuario paga de su bolsillo la mitad del coste del trayecto.

El Ayuntamiento ha pagado el déficit sin discusiones, bajo la supervisión de los técnicos municipales, hasta 2018 incluido. Pero la paulatina sustitución de la flota de vehículos de gasoil a otros eléctricos, que son mucho más caros, y la última ampliación del contrato para comprar nuevos buses eléctricos tensó el ambiente entre la concesionaria y los funcionarios que supervisan los datos. En 2008 la ciudad pagó 4,4 millones y la previsión de 2021 asciende a 4,9 millones. El año de la pandemia disparó las pérdidas a 6,4 millones de euros.

Como se trata de un servicio público, el precio debe ser atractivo. Ofrece bonos especiales para desempleados, estudiantes, jubilados, horas valle... La última vez que se subió el billete fue en 2014. Además, Badajoz tiene un término municipal grande. En los últimos años se han alargado las rutas llegando a poblados y a urbanizaciones. También se ha conectado al Cerro Gordo con la avenida de Elvas. Por contra, cada vez menos pacenses usan el bus. En 2019 contaron 5.737.092 viajes, el confinamiento de 2020 los redujo a la mitad y no se han recuperado todos.

A mayor coste, más déficit. Ante las dudas, el Ayuntamiento solicitó una auditoría externa que revisara los números. Ahora quiere abonar la cantidad que avala el control externo, pero la concesionaria reclama más. De ahí que haya presentado tres recursos en el Contencioso. Dos de ellos por la compensación de déficits de 2019 (pide 950.000 euros más) y 2020 (reclama otros 1,3 millones). El tercero se centra en la última modificación del contrato, que la empresa considera unilateral.

Si usted, lector, ha llegado hasta esta línea ya habrá deducido que se trata de un conflicto más técnico que político. El alcalde, Ignacio Gragera, apenas ha dicho nada. En este tema también sigue su línea de abrir el paraguas para que los problemas no le mojen. Probablemente el Gobierno local querría pagarlo todo y evitarse quebraderos de cabeza. Pero existe una guerra entre la Intervención y la concesionaria que terminará pasándole factura al alcalde. El PSOE recomienda la rescisión del contrato y Podemos reivindica la remunicipalización.

Está bien que aquellos funcionarios dedicados a controlar el dinero de todos examinen el destino del último euro. Eso genera confianza. Y Tubasa, a su vez, está en disposición de acudir a los juzgados si entiende que abusan de sus derechos. La empresa cumple también al no trasladar este conflicto a los usuarios, que de momento no han visto mermados líneas ni frecuencias de autobuses.

El conflicto, sin embargo, puede terminar dañando el interés de los trabajadores de la concesionaria, que se manifiestan ante el Ayuntamiento para reclamar el pago de todo el dinero. Extraña que se trate de una reivindicación laboral 'a futuro' porque de momento Tubasa no les adeuda ninguna nómina. Esta actitud de los trabajadores, quizás espoleados por la propia empresa, puede jugar en contra de Tubasa. En la situación actual de crisis, a cientos de empresas y autónomos no les salen las cuentas y no tienen una administración a la que presentarle reclamaciones anuales para que les compensen pérdidas. Alguien, bien sea la empresa o los trabajadores, puede estar equivocándose y perdiendo el apoyo de los pacenses que quizás necesiten más adelante.

El Grupo Ruiz tiene otras empresas con otros contratos municipales. De hecho, Siex 2000 ganó la adjudicación del mantenimiento del parque del río tras reclamar a la Comisión Jurídica de Extremadura (tribunal administrativo) porque el Ayuntamiento la descartó inicialmente. De ahí que quepa preguntarse si esta guerra se limitará a los buses o tendrá más capítulos.

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