2025, los desafíos cruciales para la Administración

En paralelo, la gestión de los movimientos migratorios constituye otro reto crítico. La inmigración resulta, sin duda, esencial para el crecimiento económico y la diversidad cultural en una sociedad con bajas tasas de natalidad. Por ello, es vital que las administraciones desarrollen estrategias efectivas para integrar a los inmigrantes, garantizando su acceso a oportunidades económicas y educativas. Asimismo, la educación es un pilar esencial para el desarrollo sostenible a largo plazo. Mejorar la calidad educativa es crucial para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del origen socioeconómico. Invertir en educación fomenta el crecimiento económico y fortalece los cimientos de una sociedad justa y equitativa. La desigualdad económica conduce a tensiones sociales y, a largo plazo, a la desaceleración del crecimiento.

Y el sostenimiento del Estado de bienestar representa un desafío continuo. Las administraciones deben asegurar que los servicios públicos, como la salud y la educación, se mantengan accesibles y sean de alta calidad, incluyendo la inversión en infraestructuras básicas que deben adaptarse a las necesidades cambiantes de la economía y la población. Adicionalmente, la protección de las democracias occidentales y el modo de vida europeo en un mundo con mayor peso de las autocracias añade otro reto significativo. Las administraciones deben mostrarse vigilantes y proactivas en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, asegurando que estos principios no sean erosionados por influencias externas.

A corto plazo, las administraciones españolas deben enfocarse en la implementación total de los fondos europeos, que abarcan importantes reformas e inversiones, además de gestionar la ejecución del tramo de préstamos recientemente otorgado a España. Estos fondos son cruciales para la recuperación económica y la implementación de proyectos que impulsen la innovación y la sostenibilidad. Por ejemplo, se espera que en 2025 se observen los resultados de los planes e inversiones ejecutados en el ámbito de la formación profesional, por citar uno de los campos de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos NextGenerationEU. Entre las demandas sobrevenidas, la recuperación de los destrozos causados por la Dana en Valencia se erige en urgente. Las administraciones deben actuar con celeridad para reparar la infraestructura dañada, apoyar a las comunidades afectadas e implementar medidas preventivas que minimicen futuros impactos de desastres naturales. En 2025, veremos importantes paquetes de ayuda destinados a la recuperación de esta región.

Igualmente, mejorar la competitividad de la economía y las empresas es esencial para asegurar el crecimiento sostenible. Las administraciones deben promover un entorno empresarial favorable que fomente la innovación, la inversión y el emprendimiento. Se espera avances en esta dirección en 2025, con especial atención a las medidas de la Comisión Europea sobre competencia y autonomía estratégica, de acuerdo con el camino señalado por el 'informe Draghi'. Además, reducir las tasas de desempleo, especialmente el juvenil, esprioritario. Las administraciones debe desarrollar políticas laborales que fomenten la creación de empleo y proporcionen formación y oportunidades a los jóvenes.

Para hacer frente a estos cambios es clave fomentar la colaboración público-privada. Las administraciones deben trabajar con el sector privado para diseñar e implementar soluciones efectivas y sostenibles. Como aprovechar las mejoras de la digitalización en la gestión pública también resulta, asimismo, esencial a fin de mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad de los servicios públicos. En 2025 y 2026 se finalizarán proyectos de transformación digital previstos en el Componente 11 del PRTR, adoptando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Por otra parte, racionalizar el entorno regulatorio es también decisivo. Las administraciones deben simplificar normativas y eliminar barreras innecesarias, facilitando el desarrollo económico y la innovación.

En definitiva, es crucial adoptar una visión a medio plazo en lugar de centrarse únicamente en el corto. Las decisiones políticas deben fundamentarse en la sostenibilidad y la previsión, asegurando que las acciones de hoy beneficien a las generaciones futuras. Todo esto debe llevarse a cabo respetando las normas de concurrencia, publicidad y protección de los intereses de la Unión Europea, para evitar problemas futuros y garantizar la transparencia y equidad en todas las acciones administrativas. Enfrentar los retos del segundo cuarto del siglo XXI requerirá un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad en su conjunto. Y 2025 no será una excepción en cuanto a esta necesidad.