Isla de Valdecañas-Elysium City

También en estos días este tribunal ha emitido otro auto sobre el conocido macrocomplejo Elysium City, en el término de Castilblanco. En los dos proyectos se aprecian analogías y diferencias. Ambos son macroproyectos, denunciados por los ecologistas y sujetos a resoluciones del TSJEx. En los dos proyectos el tribunal reconoce que no se produce daño ambiental. Pero hay diferencias significativas en algunos aspectos: Valdecañas es una realidad y Elysium es un proyecto en ciernes; Valdecañas se construye en zona ZEPA y Elysium en un terreno que no es ZEPA. La problemática de Valdecañas es incumplir una normativa urbanística, al impedir la legislación levantar estos proyectos en estas zonas, y la de Elisyum es tener un expediente incompleto en relación al ciclo integrado del agua, líneas de alta tensión, tratamiento de residuos, accesos…. que la Junta y la promotora deben subsanar.

Tres actores están siempre presentes en estas actuaciones: promotores, asociaciones ecologistas y jueces. Los primeros al intentar sacar proyectos, en esta Extremadura tan necesitada de inversiones, deben valorar que las medidas ambientales tienen que estar presentes en la redacción de sus proyectos, siendo conscientes de que son tal vez muy estrictas. Con normativas menos exigentes muchos proyectos no tendrían por qué paralizarse.

Los ecologistas por advertir y denunciar irregularidades ambientales o administrativas. Los grupos ecologistas deben velar por el medio ambiente pero, a mi juicio, centrándose en lo verdaderamente importante: agua, seca, contaminación, residuos, plásticos, incendios forestales… y dejar al lado populismos, tan de moda en los tiempos que corren. A veces nos obcecamos con un árbol y nos dejamos quemar el bosque. Algunas de estas posturas demagógicas generan rechazo en la sociedad.

Si el objetivo de las denuncias de los movimientos ecologistas es la protección del medio ambiente y las dos sentencias citadas no advierten un daño ambiental significativo, algo no cuadra. No será que la legislación ambiental esté algo obsoleta y tendrá que actualizarse. Normativas muy rigurosas que se plasmaron en un momento de furor proteccionista.

El tercer actor obligado son los jueces que cumplen su cometido aplicando las leyes de forma justa. En unas jornadas sobre medio ambiente y urbanismo celebradas recientemente en la ciudad de Cáceres un juez del tribunal Constitucional afirmaba que «demoler implica siempre destruir riqueza» de aquí que sería bueno que el sentido común estuviera presente en sus resoluciones, como lo es, el auto del TSJEx.

Referente al complejo Elysium, la Junta debía olvidarse si se hizo bien o mal por el anterior gobierno y modificar la documentación que el tribunal solicita. La Junta no puede dar de lado esta oportunidad, independientemente de si la promotora lleva a efecto esta obra o es mero plan propagandístico.

La Junta de Extremadura ha recurrido la última resolución del TSJEx sobre Valdecañas. No ha sido admitido a trámite el recurso y el tribunal ha impuesto una sanción simbólica de 250 euros, que se debe pagar a las asociaciones ecologistas. La Junta, no conforme con este dictamen, ha interpuesto otro recurso ante el Tribunal Supremo. Quizá se argumente que para qué se van realizar los trabajos encomendados por el TSJEx si en poco tiempo tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional que suspendió el derribo de forma cautelar. También pudiera ser que el objetivo de la Junta sea ganar tiempo. ¡Ganar tiempo! ¿Pero se puede alargar más esta maratón judicial, un proceso que ya dura más de 16 años? Es penoso. Si esta resolución era lo ansiado por casi todas las partes, incluida la asociación ecologista Adenex ¿Cómo se entiende este recurso? Lo normal es que este alto tribunal lo rechace, o tal vez lo admita, para ratificar la demolición con mucha más contundencia.

El gobierno anterior al actual, aprobó la conocida 'Ley ZEPA', apoyada unicamente por el PSOE, con el voto en contra del PP. Esta ley puede ser una opción para evitar la demolición, en el supuesto de que el Constitucional ratifique el derribo. La pregunta es ¿esgrimirá la Junta esa ley para intentar evitar la demolición del complejo? Entiendo que si no la han derogado es que el gobierno de María Guardiola no la ve ya tan mal. ¿Y la sociedad y los jueces no estarán ya cansados y aburridos de tantos recursos? Tiempo al tiempo. A esperar.