La corriente antimina resurge

La gran pregunta es si un rechazo social masivo que se mantuviera en el tiempo bastaría para frenar la mina. Sobre el papel, no, o al menos no por sí solo. Si el proyecto consigue una declaración ambiental favorable, no habrá motivos objetivos para negarle el permiso de explotación. El movimiento antimina hará, por supuesto, todo lo posible para que eso no ocurra a base de recursos y alegaciones, pero llegados a ese punto su única baza sería tratar de demostrar en los tribunales que se hubiera producido alguna irregularidad grave durante el procedimiento administrativo que convirtiera la mina de litio de Valdeflores en una suerte de nuevo Valdecañas, como por cierto ha pronosticado que ocurrirá la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Los gobernantes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, las dos administraciones con capacidad de decisión sobre la mina, se encuentran de repente entre la espada y la pared. Por un lado tienen a la Unión Europea, con el Gobierno de España como correa de transmisión, presionando para que el yacimiento de Valdeflores, uno de los mayores del continente, comience cuanto antes a producir el hidróxido de litio que necesita la industria para reducir su dependencia de China; por otro, ven venir a a miles de cacereños, es decir, de votantes, que les advierten muy en serio de que se acabaron las medias tintas y el ponerse de perfil, les exigen un posicionamiento firme con respecto a la mina y les dejan claro que todos sus pasos serán vigilados para que no haya ni el menor atisbo de connivencia con los intereses de la empresa promotora, ya sea ocultar la mitad de la documentación del proyecto o no hacer caso de informes técnicos que ponen reparos.

Si el movimiento antimina había perdido fuelle, lo ha recuperado de una tacada con esta demostración de respaldo popular.