Cualquiera podría intuir que un territorio que produce algo de manera masiva no debería verse privado de eso mismo que genera para todo un país, pero a Extremadura, y en particular a la provincia de Cáceres, le ocurre con la energía eléctrica. Almaraz, las grandes ... centrales hidráulicas y ahora también las vastas extensiones de paneles solares que cubren el territorio sirven para que Extremadura produzca cerca de un 10% de toda la electricidad de España, y subiendo, mientras consume apenas el 2%. Por eso resulta irritante que haya que andar mendigando megavatios para las industrias que se quieren instalar en la región y que encima se les nieguen, como ha pasado esta semana con el rechazo definitivo del Gobierno a incluir en la mejora de la red eléctrica prevista hasta 2026 varias de las peticiones que se habían hecho desde Extremadura, en especial la relativa al centro de procesamiento de datos del proyecto CC Green en Cáceres.
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El argumento que da Red Eléctrica Española, que hemos visto con sonrojo asumir de manera acrítica a políticos extremeños cuyos cargos dependen directamente de Moncloa, es que la energía es un bien escaso y solo se concede la potencia que piden a los proyectos industriales lo suficientemente avanzados. Al parecer CC Green no lo está, así que se le despacha con la promesa de que ya les darán acceso a la electricidad que necesitan cuando nos creamos que van en serio.
Puede que, en efecto, a CC Green le falte madurez, pero también es verdad que ha dado pasos en firme, como comprar el suelo para su centro de datos y registrar el proyecto para urbanizarlo. Además, ¿no habíamos quedado ya en que para que las empresas vengan hay que ponérselo fácil en lugar de pedirles actos de fe? Suelo urbanizado barato y potencia eléctrica instalada. Ese es el mantra que desde los tiempos de Rodríguez Ibarra vienen repitiendo nuestros gobernantes como la fórmula mágica para atraer grandes industrias que hagan avanzar la región. Y si no es CC Green, que sea otra. No parece mucho pedir un trato un poquito preferente para una provincia que, además de producir muchísima más energía de la que usa, con un coste medioambiental que no se puede desdeñar, arrastra el déficit de infraestructuras histórico que todos conocemos.
Desde las administraciones públicas extremeñas se están explorando vías que sirvan para compensar a la región por su excedente eléctrico. La Junta reclama ventajas fiscales y la Diputación de Cáceres quiere recuperar el canon energético que recibió la provincia hasta 1984 y por el que llegó a recibir 3.272 millones de pesetas (19,7 millones de euros) anuales. Todo eso está muy bien, pero sin olvidar que lo básico es contar con una red energética robusta capaz de soportar la demanda de industrias cada vez más electrificadas.
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