Los okupas retan a Mateos

La pregunta es evidente. ¿Qué va a hacer ahora el Ayuntamiento para hacer valer su propia orden de desalojo? Rafael Mateos queda en una situación incómoda porque estos okupas de La Muela no son como los incívicos que generan problemas de convivencia en las viviendas sociales de Aldea Moret, ni como los maleantes que a veces se han metido en casas abandonadas de la parte antigua y tenían atemorizados a los vecinos. Todo lo contrario. Lo que ellos han hecho ha sido recuperar unos edificios municipales sin uso alguno y condenados al deterioro, limpiarlos, acondicionarlos y convertirlos en un espacio dedicado a la cultura y las actividades sociales. Quienes les han tratado aseguran que son gente educada, culta y respetuosa que actúa así por convicciones morales, y son ya cientos los cacereños de todos los ámbitos que han pasado por allí para participar en alguna de las actividades. No hay constancia hasta la fecha de quejas ni denuncias por molestias.

¿Qué hará Mateos ante este reto que le lanzan los okupas? Es evidente que no va a ordenar echarlos a palos, y multar es difícil porque el espacio no esta a nombre de nadie. Cambiar las cerraduras sería una opción, pero de la misma manera que entraron la primera vez pueden hacerlo de nuevo. Igual espera a que la Fiscalía se pronuncie sobre el escrito que le ha enviado el Ayuntamiento y deja el asunto mientras tanto en una suerte de limbo administrativo, a ver qué pasa. La pelota está en su tejado y debe ser prudente porque, si bien es cierto que está obligado como alcalde a impedir la usurpación de una propiedad municipal, cosa que hasta los propios okupas reconocen, no puede sobrerreaccionar contra unas personas que, lejos de causar un perjuicio, están haciendo en el fondo algo bueno para la ciudad.

Además, si de lo que hablamos es exclusivamente de usurpación de espacios públicos habría mucho de que decir al respecto, desde caminos municipales de los que se han apropiado dueños de fincas y cuya recuperación ha tardado décadas en tramitarse, hasta la mismísima muralla almohade, que tiene tramos incorporados a viviendas particulares desde hace no años, sino siglos, y solo muy recientemente se han iniciado los procedimientos judiciales para devolverlos al dominio público.