Nosotras decidimos

Varias décadas y muchas manifestaciones después, comprendimos que estábamos ante un tema controvertido y que España, a pesar de los cambios, era un país con características muy particulares que hacían que asuntos como este, que pertenecen al ámbito privado, se tiñeran de moral e ideología. Las mujeres ya sabemos por experiencia que cuando esos dos ingredientes se cruzan en nuestro camino la carrera suele ser de obstáculos. Por estas latitudes ha costado entender que religión y privacidad son ámbitos separados. Debido a esas circunstancias especiales se tardó años en sacar el aborto del Código Penal. De aquellas primeras luchas, después de mucho gritar y agitar pancartas, se obtuvo una tímida ley en 1985 cuyo texto produjo insatisfacción generalizada. Se despenalizó el aborto en situaciones totalmente extremas como riesgo grave para la vida de la madre, violación y malformaciones del feto. Fuera de estos supuestos, la ley establecía penas de cárcel para la mujer y para los facultativos. Ahora bien, el mero hecho de aceptar estos casos trajo aparejado un cambio de mentalidad y abrió la puerta al debate sobre un tema hasta entonces tabú. Así que aquella ley pionera, aunque insuficiente, acabó resultando provechosa.

Sorprende que hasta 2010 no hayamos tenido una legislación que despenaliza la práctica del aborto, siempre que este se realice en las primeras 14 semanas de embarazo. El nuevo texto otorga todo el poder de decisión a la mujer y amplía el plazo a más de 14 semanas si existe riesgo para la vida de la madre o graves malformaciones en el feto.

Aunque el aborto dejó de ser delito hace dos décadas, quienes han reivindicado o ejercido este derecho han tenido que escuchar juicios peyorativos y han sido consideradas inmorales por algunos sectores de la población que, debido a su ideología y posición religiosa, siempre se han opuesto a esta práctica. Por supuesto, su postura es absolutamente respetable y también es respetable que expresen y defiendan sus ideas. Lo que en ningún caso resulta asumible es que una opinión religiosa y moral se intente imponer a terceros y a facultativos, saltando por encima de las leyes actuales.

El problema del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, representante de Vox, es que se ha extralimitado en sus competencias al querer inmiscuirse en la vida privada de las mujeres embarazadas y en el ejercicio profesional de los sanitarios. Su propuesta de obligar a los médicos a presionar a las gestantes para que escuchen el latido del feto y vean ecografías en 4D va más allá de lo aceptable. Demuestra su incapacidad para separar el ámbito privado que representan sus opiniones de su faceta como cargo público. Como tal, debe ceñirse al respeto de la legalidad.

Lo que tiene situarse en los extremos ideológicos es que te acabas topando con mucha gente que no comparte lo que tú crees con tanto fervor. Los partidos a los extremos del arco parlamentario están creando una polarización sin precedentes en la política de nuestro país. Sin embargo, la bronca que generan en el ámbito político afortunadamente no es extrapolable al clima social que vivimos. Estos partidos de creación más reciente han puesto sobre la mesa asuntos interesantes y de calado, pero también acostumbran a retroceder y acarrear cuestiones que gran parte de la sociedad considera superadas. Por eso los partidos más moderados se equivocan cuando les hacen el juego y aciertan cuando les responden que ya se está a otra cosa.

Pocos cuestionan ahora leyes como las del aborto, que ya se debatieron en su día, pero un partido como Vox necesita actualizar el debate para diseñar su propia estrategia electoral. El resultado es que da la sensación de que dedican sus esfuerzos a tratar asuntos que a nadie preocupan mientras dejan a un lado aquellos que de verdad importan. Al ofrecer apoyo psicológico a mujeres embarazadas que no lo demandan García-Gallardo echa sal sobre una herida que sí empieza a resultarnos muy dolorosa, especialmente desde la pandemia: la falta de medios de atención psicológica para muchos colectivos vulnerables. Con su propuesta, este representante de Vox además da a entender que las mujeres somos incapaces de tomar decisiones importantes. Es posible que crea que vivimos en aquellos años en los que estábamos obligadas a tener un tutor legal varón que sancionara nuestros actos. Sin duda políticos así también necesitan, urgentemente, algún tipo de ayuda.