Derecho a la vivienda

Junto a los términos más conceptuales del debate se reproducirán críticas y advertencias sobre los efectos reales que la ley puede acarrear en cuanto a la realización efectiva del derecho a la vivienda. La preocupación porque al ofrecer más tiempo de resolución a las actuaciones judiciales frente al fenómeno okupa se incremente éste, aunque sea por parte de personas y familias vulnerables, puede dar lugar a cambios en la relación entre demanda y oferta desfavorables para las economías más necesitadas. Del mismo modo que topar los precios del alquiler mientras se deriva hacia autonomías y ayuntamientos el estocaje de alojamientos turísticos bien podría acabar en un retraimiento de la oferta residencial.

A pesar de que los socialistas hayan silenciado sus reservas de fondo en la materia con tal de no verse señalados por sus compañeros de viaje ante las próximas elecciones, saben que la norma entraña un potencial de consecuencias no deseadas que serán imposibles de prevenir estigmatizando a los grandes tenedores de viviendas. Es probable que los okupas no se multipliquen por mucho a causa de la nueva regulación, solo que el estado de vulnerabilidad puede convertirse en fuente de irregularidades que tensionen también el mercado. Pero lo que ya resulta deliberadamente voluntarista es promulgar una ley pretendidamente taumatúrgica cuando su aplicación depende de que la hagan suya comunidades que la rechazarán o la orillarán con total seguridad.